Con un total de 390 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con el que se busca brindar una mayor seguridad a los usuarios y prevenir la comisión de delitos como la extorsión.
“La creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil tiene como principal objetivo brindar seguridad a la población, reduciendo delitos que afectan al patrimonio y bienestar de la población, como es el delito de extorsión (…) El proyecto contempla las reformas necesarias para normar el funcionamiento del registro, así como regular las compras de tarjetas SIM de prepago con el fin de conocer quiénes son los dueños de la línea que se está utilizando”, subrayó la diputada del PES, Adriana Paulina Teissier Zavala.
Sin embargo, para organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la aprobación del dictamen que fue turnado al Senado de la República, y en el cual se propone que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que se haga cargo de instalar, operar, regular y mantener dicho padrón nacional de usuarios, alertó sobre los posibles riesgos y la vulneración que implicaría su eventual puesta en marcha en cuanto a los derechos tecnológicos, y la protección a los datos personales.
“El Padrón representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro, 8 por ciento”, advirtió la R3D respecto a la creación de este registro asociado a la identidad biométrica, lo cual, refirieron a través de un comunicado, “constituye un serio riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía”.
Por su parte, la Amedi advirtió que la aprobación del dictamen, con el que los legisladores que votaron a favor aseguraron que resulta necesario la consolidación de un padrón de usuarios a fin de que las autoridades tenga un mayor control de las más de 122 millones líneas de telefonía móvil activa en el país, implicaba un atentado a los derechos constitucionales fundamentales.
Pues señalaron que de acuerdo con lo estipulado en la reforma se obliga a los concesionarios de telecomunicaciones el suspender el servicio a 99.1 millones de usuarios en la modalidad del servicio de prepago móvil, lo cual representa al 83 por ciento de los suscriptores si no se registran en el plazo de un año; permitiendo a las autoridades tener un libre ejercicio de mecanismo de control sobre los usuarios, a través del acceso a sus datos personales.
La aprobación del dictamen contempla la imposición de sanciones, que van de las 20 a las 15 mil Unidades de Medida y Actualización, contra quienes “alteren, omitan, simulen, o permitan registros o avisos en forma ilícita”; así como para quienes hagan uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación, relacionados con el registro de un número de línea telefónica móvil, que realicen de manera extemporánea el registro, y no inscriban un número de línea.
Tras su aprobación, y una vez aceptadas las modificaciones la dictamen propuestas por la diputada Juanita Guerra Mena, las cuales avalan al IFT para crear una base de datos con la información de personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica móvil que cuenten con un número del Plan Técnico Fundamental de Numeración, a fin de esta información sea de utilidad para las autoridades de seguridad y procuración de justicia respecto al combate y la prevención de delitos como la extorsión y el secuestro, el dictamen fue remitido a la Cámara de Senadores.
