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Después de 14 años de batalla legal que emprendieron los exmiembros de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros contra su líder Napoleón Gómez Urrutia y la empresa Grupo México por el pago de 55 millones de dólares de la venta de la minera Mexicana de Cananea, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal de justicia aún analiza si acepta la competencia o no. En caso de hacerlo, los ministros definirán si el ahora senador por Morena debe pagar el monto correspondiente a 5% de las acciones que desde 2005 le exigen los extrabajadores de la mina que en 1990 adquirió la compañía de Germán Larrea Mota.
Durante los años de juicio, los mineros jubilados han ganado dos laudos en los que los tribunales los reconocieron como derechosos de las acciones; de las cuales, el actual legislador Gómez Urrutia acordó desde 1990 recibir por parte de Grupo México sólo 1.5% de éstas, pero sólo entregó a los mineros ocho de 55 millones de dólares que les corresponden; mientras que el 3.5% restante tampoco se ha suministrado.
Piden audiencia
En lo que debía ser el último tramo legal por pelear para los mineros jubilados, y que era la sentencia definitiva de cinco amparos en torno al adeudo de Napo de dicho pago, se alargó. El pasado 30 de mayo debía emitirse el fallo en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de la Ciudad de México, pero se canceló la audiencia.
Hasta el 21 de junio pasado, los magistrados Felipe Aguirre, Salvador Hernández y Víctor Romero convocaron a una sesión extraordinaria y acordaron que el asunto cumplía con los requisitos para que la
SCJN conociera del caso y lo atrajera.
El fallo sorprendió a los mineros, porque el Tribunal tenía el expediente desde hace 10 meses; es decir, se tardó ese tiempo para definir que ellos no eran la oficina que debía resolver.
“Nos generó la suspicacia de que hay un acuerdo entre
Napoleón (Gómez Urrutia), Grupo México y el gobierno federal para que la Suprema Corte absuelva tanto a Napoleón como a Grupo México. Con su poder político (Napito) está haciendo un manejo sucio de la ley”, acusó Fermín Espinosa, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% y de los 55 millones de dólares de Mineros de Cananea.
Ante el temor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga información sesgada sobre el caso, el exsindicalizado comentó que desde julio del año pasado han buscado sostener una audiencia con él, pero a la fecha no han obtenido respuesta. A nivel estatal también han buscado el acercamiento, pero sólo han encontrado, denunció, “evasivas” por parte de Jorge Taddei Bringas, delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar, quien ni si quiera los ha recibido en persona.
“Nos hemos acercado al presidente López Obrador en varias ocasiones, pero no hemos tenido respuesta; sólo queremos que siente a las partes involucradas y en la mesa vamos a demostrar que tenemos la razón, tenemos los documentos que lo avalan”, reiteró Fermín Espinosa en entrevista con ejecentral.
A grandes males
El hecho de que la resolución de los amparos DT.-909/2018, DT.-910/2018, DT.-911/2018, DT.-912/2018 y DT.-913/2018 haya llegado a la Suprema Corte, encendió una señal de alerta para los mineros jubilados que ya comenzaron a planificar posibles medidas de resistencia si se emite un fallo político y que no les sea favorable.
“Vamos a tomar la frontera en Nogales”, advirtió Fermín Espinosa, es una de las medidas que los demandantes han considerado para que su lucha se visibilice, porque ha sido una lucha que han peleado personas de la tercera edad, que han ganado en distintas instancias y que sobreviven “esperanzados a recibir ese recurso que les corresponde”.
Calificar de “injusta e ilegal” la decisión de los magistrados del Tribunal Colegiado de enviar el caso a la Corte, pues los amparos se derivan de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que fue dictado en cumplimiento de otros juicios de amparo de ese mismo tribunal.
“El magistrado dijo que por la trascendencia del asunto, la cantidad de personas afectadas y la cantidad del dinero que de acuerdo con la ley el asunto era candidato a ser atraído por la Corte”, apuntó Sergio Vázquez, otro de los integrantes de la Comisión de mineros en retiro.
Uno de los temas centrales, aseguró el reclamante a este periódico, es que Napoleón Gómez Urrutia “firmó documentos en los que se ostentó como presidente y secretario general del sindicato minero, pero sin el consentimiento del gremio ni mucho menos tener la representatividad porque el 80% de la gente de Cananea que tenemos derecho a ese dinero del 5%, ya no pertenecíamos al sindicato por lo tanto legalmente no nos podía representar”.
Es urgente que la SCJN tome cartas en el asunto y analice a detalle esa solicitud de atracción de los Magistrados del Tribunal Colegido, porque consideramosque legalmente no le corresponde.”
Exagremiados del Sindicato Minero.
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