Confirma SE la renuncia de Avilés Rocha a Exportadora de Sal

15 de Noviembre de 2024

Confirma SE la renuncia de Avilés Rocha a Exportadora de Sal

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Foto: Especial

El exfuncionario deja una estela de malos manejos, como falta de pago a trabajadores sindicalizados, contratos a familiares y afectación al patrimonio de la empresa

La Secretaría de Economía confirmó este sábado la renuncia de Nonato Antonio Avilés Rocha como director general de Exportadora de Sal.

Como ha documentado ejecentral desde febrero del año pasado, la empresa fue utilizada por el ahora extitular para entregar contratos de venta y servicios a familiares y parientes políticos.

“Se hace del conocimiento de todos ustedes que el pasado viernes 22 de enero del presente año, el C. Nonato Antonio Avilés Rocha presentó a los integrantes del Consejo de Administración de Exportadora de Sal, SA de CV su renuncia irrevocable al cargo de director general de esta entidad, con efectos a partir de la fecha antes señalada”, informó la dependencia un comunicado.

De esta manera se confirma la información publicada ayer en este sitio y en el Reporte Especial de ejecentral sobre la salida del funcionario, quien es acusado de dejar sin el pago de nómina y otras prestaciones a los trabajadores sindicalizados.

La renuncia se produce tras diversas denuncias por parte del Sindicato de trabajadores de la empresa, quienes informaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre “los malos manejos del director en la empresa”.

Sobre el relevo de Avilés Rocha, el comunicado de la Secretaría de Economía informa que “en ausencia del director, por acuerdo de Consejo de Administración, la representación de la entidad será ejercida a partir de esta fecha por el director de Mantenimiento y Obra Pública, ingeniero César Oswaldo Martínez Villavicencio, hasta en tanto entre en funciones la persona titular de la Dirección General”.

Una de las últimas decisiones de Avilés Rocha al frente de Exportadora de Sal fue disminuir el precio de la venta de sal a la empresa Mitsubishi, lo cual implica un daño al patrimonio de la empresa productiva, de la cual el gobierno de México mantiene una mayoría accionaria del 51%, por encima del 49% con el que cuenta el consorcio japonés.