Conferencia Argentina rechaza militarización en combate contra las drogas

El viraje de Colombia a la izquierda, con la elección de Gustavo Petro como
Presidente, volvió a poner tema del combate a las drogas en la agenda política regional, debido a que anticipó una “transformación” profunda de la policía, acusada por la sangrienta represión de protestas y su actuación en la lucha antidrogas.

“Estamos ante problemas más complejos que los de la vieja doctrina de seguridad fundada en la creencia falsa de que existe un enemigo interno en Colombia (…) No existe enemigo interno en la sociedad colombiana”, afirmó.

En este contexto, el debate por la regulación de los mercados de sustancias psicoactivas volvió a ser punto de debate en la VIII Conferencia Latinoamericana y la XX Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, que comenzó este miércoles y que se extenderá hasta el 26 de agosto desde el Congreso de la Nación de Argentina.

El evento tiene como objetivo tratar de dialogar sobre un transito del paradigma punitivo del combate a las drogas a fomentar un debate social informado para impulsar políticas que no castiguen a los consumidores y que estén basadas en evidencias científicas que respondan de manera eficaz los problemas asociados con las drogas.

Los especialistas e invitados que participará a lo largo de estos tres días, buscan establecer un enfoque regional sobre el combate a las drogas que no se base en la fuerza policial o militar, sino que se permita la rehabilitación de quienes están enganchados con las drogas. Una de estas políticas debe ser la legalización de las drogas, debatiendo cuáles deben estar reguladas y en qué cantidades.

Cabe señalar que Colombia puso el tema a debate a nivel mundial por una ambiciosa propuesta presentada ante su Congreso para regular el uso adulto del cannabis haciendo un llamamiento a su adhesión a otros países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Chile, Colombia, México y Brasil.

Asimismo, ha anunció la presentación de un proyecto que propone una reforma profunda de las políticas de drogas, que incluye la regulación del mercado de la cocaína. Esta última, sería una novedad política en materia de seguridad y de salud que los pondría a la vanguardia de la legalización de este tipo de sustancias a nivel mundial.

Guerra contras las drogas

La reforma colombiana se basa en una serie de principios como la prevalencia de los derechos humanos sobre las políticas de drogas, la participación de las comunidades históricamente afectadas por el paradigma de la “guerra contras las drogas”, la no criminalización de los pequeños productores y consumidores, entre otros.

En la mesa de apertura de la Conferencia, la diputada argentina Mara Brawer puso sobre la mesa la experiencia argentina sobre el tratamiento a los problemas relacionados a la droga. Explicó que desde el año 2000, pero sobre todo con la llegada de Nestor y Cristina Kirchner, se empezaron a aplicar una serie de leyes que ampliaron derechos para cambiar el paradigma de la droga.

Señaló, como lo hace ahora el gobierno de izquierda en Colombia, que se debe encarar el problema de los consumos debe atenderse con leyes “tienen que tener una perspectiva de derehos”.

Explicó que las políticas punitivitas afectan de manera persecutoria principalmente a los sectores más vulnerables, porque “nuestras cárceles están llenas de personas de los sectores humildes, preas por ser parte de los eslabones más débiles de la cadena de venta de estupefacientes”.

Por su parte, la Doctora Alma Gabriela Torres Ontiveros, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación de Argentina, subrayó que se debe pensar en la concepción del Estado, pues es él quien debe ocuparse de esos problemas, pues debe ajustar su política antidrogas en favor de la sociedad y no en su detrimento.

Sin embargo, Luca Pierantoni, Jefe de la sección de cooperación de la Unión Europea en Argentina, señaló que no solo el Estado debe atender el asunto, sino que debe sumarse a la sociedad civil. Explicó que la Unión Europea le importan una visión común de la política antidrogas basada en la importancia de la medición del problema.

Es decir, “compartir datos y mejorar las informaciones (compartidas)”, pues, explicó, solo así se pueden generar políticas públicas compartidas.

“La política alrededor de la lucha contra las drogas tiene que ser una política que se enfoque y respete los derechos humanos, las libertades fundamentales y que involucre a la sociedad civil”, aseguró.

México, en paso contrario

En este sentido, México también ha tenido cambios en la lucha contra las drogas. A la entrada del Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se creo la Guardia Nacional (GN) como un cuerpo institucional que intervino en la política de seguridad.

Según lo informa el propio Gobierno federal, la GN realiza “acciones estratégicas para inhibir el trasiego y distribución de armas, divisas y drogas” que ingresan al país o que se producen dentro de nuestro territorio.

Sin embargo, es este tema el que conflictúa con la solicitud de los países y expositores participantes de la Conferencia Latinoamericana y de Argentina en Políticas contra las Drogas, puesto que López Obrador ha propuesto que la Guardia Nacional sea trasladada al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La propuesta no ha sido bien recibida por sus opositores, pues aseguran que con la participación de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública se busca militarizar las calles, y volver una corporación civil con mandos del Ejército mexicano, justamente el llamamiento contrario a la conferencia.

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