El colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 asociaciones, advirtió que han existido presiones y acciones “que parecieran ser una represalia” a quienes han presentado las Controversias Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Seguridad Interior, promulgada a finales de diciembre de 2017. En una carta enviada al presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan que antes de promulgar la Ley, el Ejecutivo Federal dijo que esperaría a que la Corte calificara su constitucionalidad sin emitir una declaratoria de Seguridad Interior; sin embargo, el colectivo reitera que el propio ordenamiento permite la ejecución de acciones que vulneran derechos humanos, aun sin la emisión. Acusan que en espera del análisis de la SCJN, el presidente no ha sido paciente y esto se ha traducido en represalias. Es el caso del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) canceló el convenio de colaboración que tenían para la vigilancia de carreteras, y negó la entrega de más de mil cartillas militares a los jóvenes del municipio, según informó el propio alcalde, José Juan Espinosa, el 19 de enero. De igual forma, el colectivo aseguró que los espacios de diálogo para que la sociedad y los tomadores de decisiones construyeran conjuntamente las soluciones a la crisis de seguridad, fueron negados en el Congreso y se ignoró el exhorto que hiciera Peña a no aprobar la Ley sin escuchar a la sociedad civil. #SeguridadSinGuerra condenó las acciones, que advierte, pueden traducirse en afectaciones a la seguridad y derechos de las personas, y manifestó su respaldo a los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; Morelia, Michoacan; Tepeyahualco, Puebla; Hidalgo del Parral, Chihuahua, y Oxchuc, Chiapas, que han presentado controversias ante la Corte.
Estas autoridades municipales asumieron su responsabilidad de controvertir ante la Suprema Corte, una Ley que pretende perpetuar el fracasado modelo de seguridad pública e invadir competencias entre entidades, tras haber vivido el año más violento del sexenio”.
A su vez respaldó la Controversia presentada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no solo por ser el único mandatario que lo hizo, sino porque las razones expuestas en su demanda, fundamentan la invasión que la Ley impone a la soberanía de los estados por las autoridades federales; la vulneración de la autonomía presupuestaria y financiera de las entidades; y la violación de todo el articulado de la Ley a la Constitución.
