Los investigadores que trabajen en instituciones privadas podrán formar parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero de manera honoraria, pues sólo quienes trabajen en el sector público recibirán el estímulo económico.
Esta es la propuesta del anteproyecto para dotar de un nuevo reglamento al SNI que más ha levantado quejas después de que, ayer en la noche, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicara el borrador para recibir comentarios. Pero no es la única.
El 20 de abril del año pasado, cuando se intentó reformar el reglamento por un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la propuesta de excluir por completo a quienes trabajan en instituciones de investigación privadas, también fue una de las que más quejas levantó y no se llevó a cabo por decisión judicial.
Entre los comentarios que se han subido al sitio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), donde está el anteproyecto con el número de expediente 20/0006/230622, se lee reiteradamente que se trata de una medida discriminatoria, y hay quien considera que “tarde o temprano” será considerada inconstitucional.
Otra de las propuestas que ha recibido diversas quejas es la contemplada en el inciso I del artículo 30: “Las y los Integrantes del SNI de 65 años o más de edad que hayan permanecido en el SNI al menos quince años vencidos obtendrán automáticamente, por única ocasión, quince años de extensión de la vigencia de su distinción”.
Esta medida también se ha considerado discriminatoria, pues no se pide que esos mayores de 65 estén adscritos a una institución (de hecho, no se pide siquiera que sigan trabajando), mientras que para los jóvenes suele ser un requisito excluyente, pues en muchas ocasiones, aunque estén trabajando, no tienen la adscripción.
También se ha señalado que hay discriminación al no considerar al área de biotecnología, e incluso hay una protesta porque el reglamento no considera qué sucederá en casos de plagio, en referencia a las acusaciones que se han hecho al fiscal Alejandro Gertz Manero y al director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Romero Tellaeche.
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