Desde hace tiempo en ambientes universitarios se ha estado discutiendo sobre las intenciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de los proyectos a los que apoye con recursos de la institución; sin embargo, la Universidad Autónoma de Querétaro es la primera en dar a conocer su consternación por este intento de infringir “el derecho humano a la autoría”.
En un comunicado público, la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, y 14 directores de facultades y escuelas de la institución, señalan que como parte de las acciones que esta institución realiza por mandato constitucional y legal está “el registro de propiedad intelectual de estudiantes y docentes, fruto del talento y esfuerzo académico”, y que “resulta incomprensible que los derechos de propiedad intelectual que se desarrollan en las universidades sean ahora objeto de reclamo” por parte del Conacyt.
›El comunicado señala que en las convocatorias que hace Conacyt se lee: “Salvo pacto en contrario, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será titular de los derechos de propiedad intelectual que deriven de las obras, procesos, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, innovaciones o cualquier otro producto de investigación humanística científica, de desarrollo e Innovación que realice o produzca el personal del programa. El Consejo podrá otorgar a la Institución Receptora, mediante la firma de un convenio, licencias no exclusivas sobre los derechos de propiedad intelectual”.
Parte de la argumentación que se ha manejado en contra de esta cláusula es que, amén de que Conacyt aporte recursos para hacer investigación y desarrollo, las universidades y centros de investigación aportan sus instalaciones y los salarios del personal que participa en los proyectos, por lo que consideran inapropiado que Conacyt pida que cedan la autoridad del conocimiento que se desarrolla en las instituciones.
La Declaración de Derechos Humanos de 1948 reconoce la propiedad intelectual como un instrumento que protege los derechos humanos de los creadores. Sin embargo, hasta diciembre de 2015, los académicos mexicanos, al ser considerados empleados federales, se veían imposibilitados de aprovechar la propiedad intelectual que generaran para crear empresas de base tecnológica.
El Congreso modificó las leyes de Ciencia y Tecnología, y la Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para hacer en estos casos una excepción al conflicto de interés y no sólo permitir sino fomentar que los investigadores hagan uso de su propiedad intelectual para beneficio propio como de la institución.
