Con reforma eléctrica, México obstaculizará combate al cambio climático

Además de generar un aumento en el costo de la electricidad y en una serie de productos y servicios, la aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador provocará que México sea u8n obstáculo para la lucha global contra el cambio climático, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En un documento denominado “Una reforma que lastima a México” en el cual se advierten consecuencia de la eventual aprobación de la reforma eléctrica, el CCE subrayó que la transición energética será cancelada.

De acuerdo con las previsiones del CCE, México no alcanzaría a cumplir con las metas de energía limpia e, incluso, sus emisiones podrían incrementar en casi 50 por ciento.

De esta forma, México llegaría a 2023 con 148 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente; en caso de mantener el camino hacia las energías limpias, las metas se colocarán en 96 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Y es que con ello, se impediría la operación de plantas de energía limpia, solar y eólica en todo el país, que en México, casi el 100 por ciento, son privadas.

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“Al adjudicarle a CFE el control y rectoría de la transición energética, la reforma cancela de facto la posibilidad de una matriz energética más limpia y eficiente”, enfatizó el CCE.

Y es que, añadió, toda la inversión en generación solar y eólica en México en años recientes proviene de la Iniciativa Privada; en contraste, la “CFE ha tenido capacidad de ejecución de nueva generación limpia cercana a cero”.

El Consejo Coordinador Empresarial indicó que la reforma eléctrica violaría tratados internacionales suscritos por México, como lo son el T-MEC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Así como los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y las cláusulas de protección de inversiones de los tratados comerciales firmados por México.

Con ello, indicó, las empresas privadas acudirán a tribunales internacionales, pues hay cerca de 44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada en riesgo de expropiación indirecta y confiscación. CJG

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