Registros de llamadas y bitácoras de vuelos; informes de drones, videos y documentos de la Marina; entrevistas de testigos e incluso denuncias que se hayan interpuesto, son algunas de las pruebas que le faltaron a la Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación contra el exprocurador general Jesús Murillo Karam; aún así, ayer un juez de control lo vinculó a proceso al considerar que se contaron con las pruebas “razonables”.
Ante la falta de al menos una decena de indicios de prueba y actos de investigación que enlistaron los fiscales como pendientes por recabar, solicitaron al juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, que les concedería un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Sin embargo, el juez sólo concedió un lapso de 90 días.
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“Debieron hacer todos los actos de investigación antes de judicializar”, y no “afectar directamente” y “restringir la libertad” del exprocurador Murillo Karam, reprocharon ante el juez los abogados del exfuncionario, quien ayer fue vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia.
Aunque el juez reconoció el argumento de la defensa de Murillo Karam, en el sentido de que la FGR no ofreció ninguna denuncia “directa” en contra del extitular de la PGR, fueron las declaraciones que el exprocurador hizo en conferencias públicas, videos que mostró, declaraciones de cuatro detenidos que denunciaron tortura, los informes de la CNDH y el GIEI que lo corroboraron y declaraciones de testigos con criterios de oportunidad, las pruebas que el juzgador tomó como “pertinentes” para decir que la Fiscalía cumplió con el estándar “mínimo de prueba”.
Lo anterior, pese a que durante la audiencia el juez evidenció las contradicciones en las que cayó la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Daniela Aguirre, que según el juez, insistió en sumar datos de prueba nuevos y contradecir la hipótesis de la Fiscalía, al señalar que fueron elementos de la Marina los que torturaron a cuatro detenidos; cuando la FGR sostuvo que fue Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el resto de subordinados de Murillo Karam, los torturadores de esas personas.
En contraste, la fiscal Lidia Bustamante no pudo ocultar su molestia por la respuesta que le dio el juez Fuerte Tapia a la asesora jurídica de la CEAV, a quien le dijo que si seguía insistiendo en querer aportar nuevos datos de prueba y afectar la teoría de la Fiscalía implicaría que esas contradicciones las tomaría en cuenta para su resolución.
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