Las reglas de austeridad impuestas por el gobierno federal han autoboicoteado algunos de los programas prioritarios, como son las pensiones a personas con discapacidad y las becas a estudiantes de eduación básica y media superior.
De acuerdo con recientes estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la falta de recursos no sólo ha derivado en incapacidad para contratar personal, vacantes sin cubrir y sobrecarga de trabajo para quienes se dedican a difundir, hacer los padrones y distribuir las pensiones, sino que han puesto en riesgo las metas de los programas.
En el caso del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la evaluación de Coneval publicada esta semana advierte que “existe una situación general para la administración pública federal que también condiciona e influye en la operación de este programa y son las restricciones impuestas por la Ley Federal de Austeridad Republicana”.
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La imposibilidad de contratar más personal o siquiera de reemplazar al personal que causa baja, “impactan toda la operación del programa de becas; adicionalmente, la mayoría del personal de las Oficinas de Representación Estatal (ORE) y las Sedes Auxiliares de Representación Estatal (SARE) está contratado bajo condiciones laborales muy frágiles, inestables y vulnerables”.
Según el documento, son contratos temporales en régimen de honorarios y con salarios bajos; sin prestaciones y con jornadas de trabajo amplias. “Esta condición resulta en afectación de la operación en el nivel territorial, pues lleva altas tasas de rotación (renuncias) que no pueden ser reemplazadas por la falta de recursos o las restricciones para nuevas contrataciones”.
En el caso del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, el estudio de Coneval publicada este jueves señala que “ante una reestructura operativa que continúa pendiente de ser aprobada y frente a las disposiciones de austeridad que limitan la contratación de personal en la Dirección General de Planeación”.
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Esta situación genera, según el diagnóstico, “afectaciones en las cargas de trabajo del personal disponible para la elaboración de las actividades para los procesos y en general para la planeación del programa”.
Finalmente, en la evaluación de procesos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, divulgada en semanas recientes, el Coneval puntualiza que la actual administración tiene una política de austeridad que limita la contratación de personal; en 2022, las autorizaciones cesaron en el primer semestre.
“Lo anterior implica una amenaza para el Programa, ya que la estructura operativa en las entidades federativas es corta y no contar con todo el personal puede complicar el desarrollo pleno de las actividades o impactar en las cargas laborales de la estructura restante”, subraya.
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