Jaqueline Peschard, directora del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, anunció que se promovieron dos juicios de amparo para obligar a los estados incumplidos a reformar su legislación interna para adecuara a la Constitución federal ya la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Peschard explicó que emprendieron dichas acciones institucionales para que las entidades cumplan con sus funciones y responsabilidades, las cuales, de resultar exitosas, sería un logro adicional a los avances alcanzados con la reforma constitucional de mayo de 2015 que se estableció en el SNA.
En conferencia de prensa confesó que se deja en manos de un tercer actor imparcial, el Poder Judicial de la Federación, la determinación del nivel de empoderamiento de la ciudadanía en el combate a la corrupción, aunque aseguró que sería ideal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea quien defina estas acciones.
“El Comité de participación ciudadana promovió dos juicios de amparo ante juzgados de distrito de la Ciudad de México, un primer amparo tiene por objeto que un juez federal obligue a lo estados que incumplieron con reformar sus respectivos marcos jurídicos para adecuarlos con la Constitución federal y con la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Este juicio de amparo solicita al juez que ordene a los comités coordinadores de los sistemas locales anticorrupción que se ajusten a las reglas que están establecidas en la constitución, respecto a quienes son los que integran los comités coordinadores y que haya siete miembros como espejo de lo que sucede en el ámbito federal”, comentó la directora del Comité.
La funcionaria confió en que a través de un juicio de amparo de los Comités estatales y las organizaciones de la sociedad civil de todo el país potenciarán su participación en el combate a la corrupción y en la correcta implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) En tanto, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción , agregó que se pidió por medio de un juez que se corrijan algunas autoridades como son en materia de Sistemas Locales de Fiscalización que omitieron regular cómo se enlazarán con el Sistema Nacional de Fiscalización como sucedió con los estados de Chiapas, Durango y Jalisco. Así como la adhesión de plataformas digitales locales con la plataforma digital nacional como lo que se registró en Colima, Nayarit, Oaxaca y Puebla. Y finalmente, que se obligue a aquellas entidades, que fueron casi todas, asignar partidas presupuestales específicas para los SLA.
