La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, urgió a que se concluya la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se apruebe la política nacional de combate a ese delito y se avalen los formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses.
Se está en falta ante uno de los más grandes avances, para lograr un manejo correcto de los recursos públicos”, advirtió la secretaria.
Durante la ceremonia para conmemorar el Día por la Integridad, realizada en la sede de la SFP, coincidió con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, de que esta es una de las principales vías para enfrentar y atender problemas como la desigualdad y la impunidad. Dijo que el Comité Coordinador del SNA analiza las propuestas que le remitió la sociedad civil y la SFP, con miras a que sean valoradas para la aprobación final de la Política Nacional Anticorrupción. También, llamó a redoblar esfuerzos e impulsar medidas que permitan la continuidad de lo alcanzado por el SNA.
Tenemos la responsabilidad de hacer que este sistema arroje resultados efectivos y contribuya a la regeneración de la confianza en las instituciones públicas, aspecto fundamental para nuestra democracia”, señaló Gómez González.
González Pérez señaló por su parte que para una efectiva protección y defensa de los derechos humanos, así como para alcanzar una vida digna, de bienestar, resulta esencial consolidar la cultura de la legalidad, de la denuncia, y de la rendición de cuentas, factores fundamentales para fortalecer la integridad y el combate a la corrupción. El obmudsman nacional puntualizó que es necesario además profundizar en la lucha contra la desigualdad, marginación y discriminación, y agregó pues con instituciones fuertes y un robustecido Estado de Derecho se velara efectivamente por los intereses del país y la ciudadanía. Por su parte, la presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc, manifestó que la corrupción afecta a los sectores más desfavorecidos y que han sido históricamente discriminados, en tres sentidos: El primero cuando la práctica del soborno puede inclinar la balanza de la justicia hacia quienes cuentan con mayores recursos económicos; el segundo, cuando la práctica de la extorsión condiciona a personas de menores recursos, particularmente mujeres, a servicios o bienes públicos a cambio de una cuota y len tercer lugar, cuando funcionarios de alto nivel diseñan políticas públicas a expensas del bienestar de ciertos colectivos. Por ello, llamó a que la lucha contra la corrupción coloque en el centro de su atención los derechos humanos y la no discriminación. SC
