La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval reveló la existencia de denuncias contra 10 superdelegados del gobierno federal por el posible uso irregular de programas sociales, mientras detalló que Manuel Bartlett entregó ya información de sus declaraciones fiscales.
En San Lázaro, con caras de Manuel Bartlett, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) protestaron y subieron a tribuna durante la comparecencia de Sandoval como parte del desglose del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La legisladora panista Josefina Salazar le cuestionó a Sandoval en su comparecencia si Bartlett ha contado con diversas fuentes de ingresos, diferentes a sus cargos públicos, y pidió precisar cuáles son y qué recursos fueron incorporados a su patrimonio.
También preguntó si en sus actividades se ha llegado a ubicar algún conflicto de interés y si la adquisición de inmuebles fueron titulados a terceras personas, así como qué es lo que él ha reportado.
Ante el cuestionamiento de la diputada perredista Claudia Reyes Montiel sobre el director de la CFE, Sandoval expuso que al SAT se le pidió tal información de las declaraciones del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ésta ya fue entregada.
Los legisladores pidieron al contralor del Senado las declaraciones patrimoniales de Manuel Bartlett, de los años 2014 a 2018.
Son algunas acciones que, con apego a la norma, hemos estado haciendo con mucha responsabilidad, en virtud del tiempo que las diligencias exigen”, aseveró.
“No hemos dejado ni una hora de darle puntual seguimiento a las exigencias que tenemos, que nos hemos puesto en este caso que se encuentra en investigación y que por ello no puedo dar información adicional, pero si estaré estaremos dando la cara sobre esta investigación tan relevante”, respondió.
Indagan a Superdelegados
Sandoval detalló que existen 12 denuncias en las que se investigan a estos funcionarios en nueve entidades del país.
“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, aseguró.
Todo aquel que se encuentre culpable o con indicios de responsabilidad administrativa o con vista de responsabilidad penal por uso de recursos será sancionado, señaló.
“Esta utilización de programas sociales se tipifican como delitos graves y tienen prisión oficiosa”, dijo.
“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control; las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, sostuvo.
Erradicar el cáncer de la corrupción
En tanto, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros subrayó que “desde la Secretaría de la Función Pública erradicarán el “cáncer de la corrupción”.
Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.
Indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.
Explicó que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.
Dijo que las auditorías de obra pública han determinado 119 observaciones por más de 17 mil millones de pesos, y subrayó que más de 16 mil millones de pesos se concentran en 69 observaciones vinculadas al llamado
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sede en Texcoco.
La secretaria de la Función Pública añadió que hay más de mil 500 observaciones, por un importe de casi siete mil millones de pesos, que los organismos estatales de control deben empezar a acreditar para dar inicio a los respectivos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Mencionó que la confianza que ha ganado la dependencia a su cargo ante la ciudadanía se refleja en las más de 28 mil denuncias ciudadanas que recibió entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, que en sí misma es una cifra histórica, que representa un 27 por ciento adicional de denuncias que en el mismo periodo anterior.
ES DE INTERÉS
Candidata a CRE rechaza conflicto de interés por nexo con Bartlett
Van 21 denuncias contra Bartlett: SFP
Bartlett... tic, tac