Candados a los partidos políticos, instalación de 161 mil casillas y un costo que se estima en 3 mil 800 millones de pesos, son algunos de los lineamientos para la revocación de mandato que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
En sesión ordinaria el órgano electoral dio luz verde a los lineamientos para este ejercicio debido a la ausencia de una ley secundaria que no ha sido emitida por el Legislativo, pese a que debió hacerlo hace 436 días.
Hace dos días la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una sentencia en la que ordenó al Congreso de la Unión a que expida la ley correspondiente en un plazo de 30 días, contados a partir del 1º de septiembre de este año.
Para la revocación de mandato se prevén algunos candados para los partidos políticos, por ejemplo la prohibición de que sean los encargados de recabar firmas para impulsar la realización del ejercicio.
Además, los partidos podrán realizar propaganda siempre y cuando no utilicen recursos públicos para ello, ni contraten propaganda en radio y televisión. Sin embargo, las prerrogativas que tienen en los medios de comunicación sí podrán ser empleadas para que fijen su postura con respecto a la revocación.
Debido a la ausencia de una Ley secundaria en la materia, será el Consejo General del INE quien defina la pregunta para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no como titular del Poder Ejecutivo. Aunque si el Congreso aprueba en una fecha próxima una reglamentación, este lineamiento podría revertirse y ser otra la entidad que redacte el cuestionamiento.
Los lineamientos también contemplan la instalación de 161 mil casillas, para lo que se requerirá 5 mil 430 supervisoras y supervisores electorales, 32 mil 421 capacitadores asistentes electorales, para lograr contar con más de 484 mil funcionarias y funcionarios de estas casillas que se requerirán.
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Para la realización de la revocación, el INE aprobó en su anteproyecto un presupuesto de 3 mil 800 millones de pesos (mdp). En ese sentido el consejero Ciro Murayama expresó que el costo está plenamente justificado debido a que la capacitación de 12 millones de ciudadanos para hacer el ejercicios, implica un costo de mil 800 mdp.
Murayama dijo que se gastarán 222 mdp en material electoral para la revocación, mientras que por concepto de asistencia, es decir las actividades de cómputo y recabo de boletas, el monto será de mil 212 mdp. Esos tres rubros representan el 84% del presupuesto que contempla el anteproyecto.
En el pasado proceso electoral el costo promedio por casilla fue de 21 mil 609 pesos y para revocación de mandato sería de 11 mil 256 pesos, recalcó Murayama.
Los lineamientos sostienen que únicamente las y los ciudadanos o alguna organización ciudadana podrán solicitar la revocación de mandato, como lo fija la Constitución, en un periodo del 1 al 27 de octubre, y para ello deberán recolectar firmas del 1 al 15 de noviembre.
Posteriormente será el Instituto quien deberá convocar a una eventual revocación de mandato a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, a 3% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Sobre la posibilidad de que se vote a favor de la revocación, Murayama advirtió que la posibilidad de que se interrumpa el mandato de un presidente es una situación excepcional, grave y delicada para cualquier sistema político y en México no se ha presentado esta situación desde hace 90 años.
“Yo creo que la democracia representativa puede ser lesionada por la democracia plebiscitaria y que los ejercicios de democracia directa deben ser complementarios”, dijo.
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