EspecialRedacción eje central
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consideró “improcedente la aprobación” de la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para garantizar en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, y señaló que si bien el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos, esto puede " tener sus matices”.
La opinión fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que sesionará este miércoles para discutir la propuesta del mandatario y resaltó que la Cámara baja no cuenta con atribuciones en el artículo 73 constitucional para legislar en materia civil de las entidades, y explico que es responsabilidad de los estados de los congresos locales definir lo concerniente a la materia de orden civil.
La comisión que preside el priista Armando Luna, expresó que si bien “resulta loable” la iniciativa del Ejecutivo en cuanto a que se busca garantizar el matrimonio sin ninguna causa de discriminación, la figura del matrimonio civil no le corresponde a la federación y por lo tanto tampoco el Congreso de la Unión.
“Imponer desde este Congreso, sin previa atribución general expresa en la materia, conllevaría a las entidades federativas a una previsión no contemplada todavía” en la Constitución.
El diputado explicó que para poder legislar como propuso Peña Nieto, primero tendría que modificarse la Constitución para incluir en el citado artículo constitucional la atribución expresa de los diputados para emitir normas generales en materia de estado civil con incidencia en los estados.
En tanto Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explico que la opinión de la de Derechos Humanos es tardía, porque tuvo 30 días a partir de que se le dio turno por parte de la Comisión Permanente el 18 de mayo, pero no lo hizo, sin embargo, dijo, el documento se integra al expediente que se discutirá este miércoles.
