En un reciente informe anual publicado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea Internacional), se destacan las preocupantes amenazas que enfrenta la democracia en Latinoamérica. El estudio, conocido como el Informe Global sobre el estado de la democracia, señala que las medidas adoptadas por varios Gobiernos en la región para combatir el crimen organizado y la supresión de derechos civiles han contribuido al retroceso generalizado de los valores democráticos en los últimos años.
Elaborado por Idea Internacional, con sede en Estocolmo, el documento destaca que Latinoamérica ha mantenido un desempeño promedio en muchos índices democráticos a pesar de la tendencia regresiva que ha afectado a países como Nicaragua, Venezuela y Haití, con descensos significativos también en El Salvador y Guatemala.
Uno de los principales hallazgos del informe es que los líderes electos en el continente americano han erosionado la democracia al utilizar las instituciones estatales para legitimar restricciones en derechos civiles, el espacio cívico y la competencia electoral.
El informe advierte que los gobiernos de la región han fallado en abordar adecuadamente las causas profundas del aumento del crimen violento y han optado por otorgar mayores poderes a las fuerzas armadas. Esto se ha traducido en un aumento del gasto en defensa y en la expansión de la militarización en temas de seguridad pública e inmigración. Estas medidas han tenido efectos negativos en las libertades civiles y la integridad personal, erosionando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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En México, explica el informe, hay un riesgo en el Congreso, con mayoría de legisladores oficiales, debido a que se aprueban leyes y reformas sin ser evaluadas junto a la oposición. Además, se señala que el proyecto de reforma electoral del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador provocó dificultades y disturbios en material electoral tras ser señalado de mala actuación del Congreso, acusado de realizar una acción inconstitucional.
Agrega como ejemplo el decreto por el cual se había puesto bajo mando militar el funcionamiento y administración de la Guardia Nacional, el cual fue invalidado tras recursos de inconstitucionalidad.
Es este sentido, destacó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el traslado a la Secretaría de la Defensa Nacional cúmulo de facultades orgánicas, administrativas, presupuestales y directivas de la Guardia Nacional, al considerar que el artículo 21 constitucional establece expresamente que dicha corporación será un ente civil.
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