La molestia que ocasiona a los conductores el nuevo programa “No Circula”, arroja una avalancha de interesados en promover el juicio de amparo como un mecanismo de contrapeso que, eventualmente, les permita seguir gozando de la comodidad del vehículo privado para acudir al trabajo. Así sucedió la última vez, cuando el GDF pretendió imponer el último programa que prohibía el uso de automotores viejos dos días a la semana y la SCJN lo declaró inconstitucional.
No cabe la menor duda de que el programa y sus consecuencias, al provenir de una autoridad y dirigirse a nosotros, los gobernados, en forma obligatoria y sin concedérsenos la oportunidad para aceptarlo o rechazarlo, en su caso, actualiza los supuestos que establece la Ley por virtud de los cuales se puede promover un juicio de amparo. Sin embargo, una cosa es promoverlo y otra, muy distinta, que prospere.
Ya la Corte se pronunció en contra del programa anterior y estableció que la prohibición impuesta a los propietarios de vehículos antiguos, por el solo hecho de serlo, era inconstitucional, por inequitativa, pues no miraba por la causa generadora de la prohibición misma, que era la emisión de contaminantes. Acaso ¿no sería inequitativo también que ahora se impida a los propietarios de vehículos nuevos circular cuatro días al mes, igual que los propietarios de vehículos viejos, siendo que ellos contaminan menos? Podría ser igualmente inequitativo. No se está dando un trato desigual entre desiguales.
En esa línea de discusión podríamos mantenernos perpetuamente. La verdad de las cosas es que es muy probable que, ante la problemática ambiental acontecida, los tribunales, de llegarse a pronunciar sobre este tema, reconozcan que en el caso de la prohibición generalizada en función del número de placa, ese principio de equidad no habrá sido violentado en forma alguna.
Pero con independencia de eso, lo cierto es que quienes tengan la idea de consultar a un abogado para promover dicho medio de defensa deben saber de antemano algo que, quizá distintos asesores en esta materia, por un oscuro e inmoral interés económico propio, podrían ocultar: la temporalidad del programa podría dejar sin materia del juicio y, en ese sentido, impedir que los jueces realmente se lleguen a pronunciar al respecto. Si el programa deja de estar vigente, no habrá tiempo suficiente para que el juicio se integre y se dicte una sentencia de fondo.
La medida de suspensión que podrían solicitar al inicio del juicio debería de negarse, por la naturaleza misma del bien público que el programa persigue: impedir el empeoramiento de la calidad del aire y la propagación de enfermedades respiratorias que la contaminación produce.
De esta suerte, es muy probable y puede adelantarse que ese juicio de amparo, de llegarse a promover, no vaya a prosperar, como tampoco aconteció cuando en sus orígenes, el mismo programa fue combatido por la misma vía. Se trataría de posibles juicios de amparo que nazcan muertos.
Resulta indiscutible que las autoridades, anteriores y en ejercicio, locales o federales, han tenido errores graves por acción o por omisión, tratándose de la implementación de políticas efectivas y eficientes de movilidad y prevención de la contaminación a favor de la población, y por eso deben ser merecedoras del reproche generalizado del que hoy están siendo víctimas.
Sin embargo, dejando a un lado, no sin ser severamente críticos, las torpezas y desatinos de los servidores públicos en este campo, debemos de hacer un análisis autocrítico sobre la reacción de la sociedad ante una problemática que nos concierne a todos.
La catástrofe ambiental que se está gestando es tan atribuible a las autoridades por su carencia de visión para la resolución del problema, como también, en primer lugar, a todos los que por el uso de nuestros vehículos, contaminamos. Los que provocamos la contaminación somos todos los que conformamos nuestra sociedad, por el mantenimiento de un estado de confort que, en un caso de emergencia, se debe de abandonar, temporalmente o para siempre. Además de que las autoridades asuman la responsabilidad de mejorar las opciones de movilidad, debemos dejar de contaminar.
Es la razón anterior la que nos debe llevar a reflexionar sobre la mala decisión de promover un medio de defensa que vulnere la viabilidad de una política pública que nos beneficia a todos, por el carácter poco solidario y consciente de la posición que en forma común, todos los afectados debemos sostener; porque la idea del amparo pone en evidencia ese egoísmo y falta de coordinación que tanto daño nos hace, y que hoy más que nunca se necesita --incluso para materializar las consecuencias que pueda desencadenar el reproche justificado contra quienes han tomado las decisiones erradas en el ámbito del ejercicio público--. Es ese el sentido del encabezado de esta publicación: amparo contra mi nación; la pretensión de obtener una protección de la Justicia…para seguir contaminando.
Es un buen momento para actuar, para replantear opciones en el ámbito del trabajo y la educación, y aprovechar al máximo la tecnología de la información, trabajo de oficina desde el hogar (que ya reconoce la Ley Federal de Trabajo), uso eficiente del transporte escolar y coordinación de transporte en familia; reparto de mercancías en horas no contaminantes; mejoramiento de las plataformas y aplicaciones para el uso de transporte público (como uber), entre otras. Son muchas las acciones que podemos emprender para dejar de contaminar, sin que para ellas dependamos de una autoridad. Debemos de convertirnos, también, en una sociedad civil organizada.
