Los impuestos especiales que aplican diversos países a las bebidas alcohólicas han sido una medida exitosa para reducir su asequibilidad, así como para reducir los efectos nocivos a la salud y los accidentes que causa su consumo (en términos generales, las tasas que se cobran en el país por la enajenación de estas bebidas son: 26.5% a la Cerveza; 30% a vinos y 53% a destilados). Recordemos que el consumo de bebidas alcohólicas está asociado con más de 200 enfermedades, incluidos distintos tipos de cáncer, así como con accidentes, violencia, criminalidad, depresión, consumo de otras drogas, pérdida de productividad laboral, entre otros problemas.
En México, la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas entre los adolescentes es de 20.6% (22.0% para hombres y 19.2% para mujeres). Entre ellas, el consumo excesivo de alcohol en los últimos 12 meses (considerado como haber bebido 5 o más bebidas en una sola ocasión) fue de 13.9% (15.0% para hombres y 12.7% para mujeres). Entre la población adulta, la prevalencia es de 55% (67.3% en hombres y 44.6% en mujeres) y el consumo excesivo de alcohol fue de 40.4% (53.5% en hombres y 28.4% en mujeres), según datos de la ENSANUT.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP) y Tobacconomics analizaron diferentes estudios relacionados con la aplicación de impuestos a las bebidas alcohólicas, así como otras medidas que intentan reducir su consumo. El análisis señala que, en general, las personas reducen el consumo de estas bebidas ante aumentos en los precios y que los impuestos pueden ser una herramienta útil para reducir sus consecuencias. Además, encuentra que la aplicación de este tipo de impuestos es progresiva y que los hogares de menores ingresos reaccionan más ante el incremento de precios.
Adicionalmente, el aumento en los impuestos debe ir acompañado de otro tipo de intervenciones, como asesorías psicológicas, control de la publicidad, reducción en la disponibilidad de estos productos y restricciones en los horarios y puntos de venta, entre otras medidas.
Sin embargo, modificar el esquema fiscal aplicado a las bebidas alcohólicas no es algo sencillo, se trata de uno de los sectores más grandes entre la industria manufacturera del país, con importantes encadenamientos productivos y generación de empleos. Adicionalmente, bajo un contexto de debilidad institucional y bajo el estado de derecho en el que nos encontramos, una elevada carga impositiva podría incentivar la elusión y evasión fiscal, así como la producción y comercialización de bebidas apócrifas.
Además, existen otros factores asociados con el elevado consumo de alcohol en el país y que quedan fuera del alcance de la política fiscal, como son factores familiares, culturales, religiosos, tradiciones, escolaridad, entre otros, que también deben tenerse en cuenta si se pretende reducir el consumo de bebidas alcohólicas y sus consecuencias.
Combatir la corrupción, fortalecer el estado de derecho y el sistema fiscal, restringir el otorgamiento de permisos de venta, mejorar la regulación de ventas por internet y prohibición de ventas a menores y supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente, son tareas que no deben perderse de vista. El análisis del CIEP puede encontrarse en https://bit.ly/3t5SaMR.
