Colombia avala prisión domiciliaria para 4 mil reos

El gobierno de Colombia avaló este miércoles la excarcelación transitoria de más de cuatro mil presos para reducir el hacinamiento en las cárceles y evitar la propagación de la COVID-19, que provocó la muerte de dos reclusos de una prisión del centro del país.

La medida, concedida a través de un decreto y por seis meses, “tiene un gran sentido humanitario para que las personas que puedan estar expuestas con mayor vulnerabilidad al virus puedan poder salir de la reclusión intramural carcelaria y pasar a reclusión domiciliaria mejorando sus condiciones de protección en términos de salud”, dijo el presidente Iván Duque a la emisora Atlántico Barranquilla.

La determinación beneficia a quienes estén “ad portas de salir” de prisión, que hayan cumplido un 40% de su pena, a presos mayores de 60 años, a quienes tengan “enfermedades catastróficas” o discapacidades, y a mujeres lactantes o con hijos menores de tres años, explicó por su parte la ministra de Justicia, Margarita Cabello.

“Es una de las tantas medidas que tenemos para enfrentar” la pandemia, además de la prohibición de visitas a los reclusos, agregó la ministra en rueda de prensa virtual. Cabello aseguró que el número de beneficiados podría aumentar después.

Los privados de la libertad podrán salir “inmediatamente” a prisión domiciliaria tras contar con la autorización de un juez y luego, cuando finalice la medida transitoria pasados los seis meses, deberán regresar a la cárcel si aún les queda pena por cumplir.

“En caso de que incumplan” la detención domiciliaria serán apresados de nuevo, añadió la funcionaria.

Los condenados por delitos de lesa humanidad, sexuales, pertenencia a grupos armados organizados o narcotráfico, entre otros, no serán liberados, según el decreto.

El aval para excarcelar a miles de presos se da tres semanas después de que el gobierno decretara la emergencia carcelaria tras un sangriento motín que dejó 23 muertos y 91 heridos, incluidos nueve guardias, en una cárcel en Bogotá.

Cabello vinculó los disturbios con un frustrado intento de fuga ante versiones que asociaban los desórdenes a precarias condiciones sanitarias dentro de las prisiones para enfrentar la pandemia.

Y sucede tres días después de que se reportara el fallecimiento de dos presos por COVID-19 (uno murió a los cinco días de ser liberado) y el aislamiento de otros 1.700 en la hacinada cárcel de Villavicencio, en el departamento céntrico del Meta.

Esa prisión tiene un hacinamiento superior al 90%, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Alrededor de 123.000 presos están distribuidos en 138 cárceles del país, según el Inpec. La Procuraduría, un organismo de control que vigila la administración pública, ha denunciado que el sistema tiene capacidad para albergar menos de la mitad de su población actual.