Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que hasta el momento han recibido 127 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos tras el sismo de magnitud 7.1, por lo que ya solicitaron información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales. En un comunicado, precisó que del total de quejas, 119 ya están debidamente calificadas y ocho siguen pendientes. De las calificadas, 39 están vinculadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, con trabajadores que refieren afectaciones en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, con la prestación de servicios públicos. Asimismo, el ombudsman nacional indicó que hay cinco quejas en contra de Elena Cepeda, presidenta del DIF de Morelos, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque se colocaban en bolsas de la institución. Además, destacó que visitaron los municipios de Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá en Chiapas, donde no se recibieron escritos de queja, pero se elaboraron 10 actas circunstanciadas. Entre ellas, se encuentra una sobre que en Pijijiapan sólo hay 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la remoción de escombros y el reparto de despensas a los damnificados; así como otra acerca de que en la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 personas afectadas. A su vez, la CNDH informó que durante su visita a diversos municipios de Morelos, recibió dos quejas Zacualpan del Amilpas donde se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del gobierno de la entidad, y contra el gobierno federal por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción. El organismo subrayó que observó desorganización y caos en las labores de rescate de personas y cuerpos, falta de un mismo mando en las zonas dañadas donde operaron el Ejército, Marina, Policía Federal y el gobierno de la Ciudad de México. Por último, detectó que durante la crisis no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia, así como una constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y capitalinas, y la falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares afectados. (Foto: Saúl López / Cuartoscuro). KT/RB
30 de Noviembre de 2024
