La Comisión de Derechos Humanos recomendó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes repare el daño a familiares de cinco jóvenes, víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución en el municipio de Tierra Blanca. En la recomendación 5VG/2017 por violaciones graves a derechos humanos, el organismo solicitó al mandatario instruir que en coordinación con Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos. Exhortó además a que se les proporcione atención psicológica, médica y tanatológica, con trato digno y sensible y con calidez, así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les ofrezca una disculpa pública institucional. La CNDH recomendó que deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la PGR con motivo de la denuncia que formule la CNDH contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada. Además pidió que se giren instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes. El organismo que dirige Luis Raúl González Pérez instruyó al secretario de Seguridad Pública estatal, realice un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho. El máximo órgano de Derechos Humanos, señaló que atrajo el caso por su naturaleza y gravedad e inició un expediente con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas contra las víctimas.
De acuerdo las evidencias que contiene el expediente, el 11 de enero de 2016 viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente. Fue alrededor de las 12 horas, al llegar al municipio de l Cuenca del Papaloapan, fueron detenidos por policías estatales; a las 20:15 horas oficiales localizaron el vehículo en el municipio de Medellín de Bravo.
Fue hasta el 13 de enero de 2016, que la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y 13:00 horas, el hijo del denunciante se transportaba en un vehículo particular com otras cuatro personas, y que al llegar a una gasolinera en la carretera federal 140 fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública, desde entonces, los jóvenes están desaparecidos. La comisión acreditó que los policías estatales que detuvieron a los jóvenes reconocieron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación. La CNDH manifestó que ha observado con preocupación, que desde hace varios años, la problemática existente en Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas, por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito.
