A más de dos años de que anunciaran que darían a conocer un informe nuevo entorno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Rosario Piedra Ibarra presentó un informe que incluye imprecisiones, especulaciones, omisiones e incluso afirmaciones que carecen de comprobación.
El propio organismo reconoce, en su nota metodológica, que su personal se limitó a la “revisión documental” de los informes que la misma CNDH elaboró en la administración anterior.
“Realizan un análisis parcial y a modo con la clara intención de desvirtuar aspectos que están debidamente probados por lo que hace a la investigación de origen, llegando al extremo de usar la mentira. No aportan elementos contundentes, solo se remiten a especulaciones”, señaló el abogado Iñaki Blanco Cabrera, exfiscal general de Guerrero cuando ocurrieron los hechos en Iguala.
Una de las impresiones que advierte el exfiscal en el documento, es que la actual CNDH señala como un hallazgo, que “no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes”; así como las “serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura” de algunos detenidos. Algo que sí se hizo, y que sirvió para acusar a varias de las personas hoy presas.
Pero no sólo eso, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU confirmó que los casos de tortura documentados fueron imputables a agentes de la entonces PGR, lo que derrumba dichas afirmaciones.
Y es tan confuso en tiempos y autoridades responsables que, por ejemplo, “aseguran que no se investigó a los policías de Huitzuco, cuando lo cierto es que ese dato, al igual que los resultados de los análisis de telefonía y geolocalización de equipos vinculados a ese aspecto, los obtuvo la PGR mucho tiempo después”, ejemplificó Iñaki Blanco.
