A raíz de la muerte de 28 internos y 22 lesionados tras una riña en el Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) de Acapulco, el pasado 6 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, para que implemente un programa de mejoras al sistema penitenciario de la entidad. La dependencia aseveró que estos hechos violentos evidenciaron las anomalías que imperan en ese penal, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide resguardar el orden y tranquilidad. Lo anterior genera que no existan las condiciones para que se respeten los derechos humanos al trabajo, la educación, salud y deporte, impidiendo que se logre la reinserción social efectiva de los internos. Tras la investigación realizada por la CNDH al interior del penal, constató que prevalecen la falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo que genera la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público. Derivado de todo lo anterior, la Comisión Nacional determinó que esta situación pone de manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de quienes se encuentran privados de la libertad. Como parte de las acciones emprendidas por la CNDH, emitió una recomendación al Gobernador de Guerrero para que diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos. Además, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, tendrá la obligación de brindar atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados. Por otra parte, las autoridades penitenciarias deberán tomar en cuenta las observaciones en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el fin de implementar una política pública integral para garantizar a los internos una estancia digna y segura, evitando sobrepoblación y hacinamiento. La CNDH también exhortó a las autoridades a realizar una clasificación penitenciaria adecuada, así como diseñar programas para erradicar autogobierno; contar con equipo y tecnología para detectar sustancias y objetos prohibidos; asignar suficiente personal de seguridad y custodia, capacitado en derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos. Finalmente, deberán colaborar con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que promueva ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, respectivamente, para que investiguen y se deslinden responsabilidades administrativas y penales (Foto: Especial). MR
27 de Diciembre de 2024
