La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2017 al gobierno de Sinaloa por el desplazamiento forzado interno de dos mil 038 personas debido a la violencia generada por grupos criminales en los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva. En el documento dirigido al gobernador Quirino Ordaz Coppel; al fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y a los alcaldes de dichos ayuntamientos, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, el organismo aseguró que las autoridades omitieron proteger a esas personas aunque tenían conocimiento de la situación. En un comunicado, la CNDH consideró que se vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente. Asimismo, acreditó que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes en su investigación; mientras que las autoridades estatales y municipales no les otorgaron alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo, como lo señala la Ley General de Víctimas. Además, estableció que el desplazamiento forzado interno desencadenó también una violación del derecho a la propiedad de las personas, pues al huir de sus lugares de origen, resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes. Ante dicha situación, la Comisión Nacional solicitó al gobierno de Sinaloa diseñar e implementar un programa de reparación integral colectiva, a fin de brindar a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, reestablecer sus medios de subsistencia, y proporcionar atención médica y psicológica. A su vez, recomendó realizar un censo para conocer cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, implementar campañas de información para la gente y servidores públicos. También pidió a los sistemas del DIF estatal y municipales establecer un programa para que las personas víctimas del desplazamiento tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas; así como crear un programa de acceso a la vivienda. Por último, la CNDH solicitó analizar la pertinencia de presentar ante el Congreso local una iniciativa de ley para la prevención del desplazamiento forzado interno, y al fiscal General de Sinaloa investigar los delitos denunciados y determinar conforme a derecho las averiguaciones previas del caso. (Foto: El Siglo de Torreón). KT
1 de Diciembre de 2024
