CNDH emite recomendación por caso Xochicuautla
XOCHICUAUTLA, ESTADO DE MÉXICO, 11ABRIL2016.- Continuan las obras por parte de Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, para la edificación de la autopista de cuota Naucalpan-Toluca, en partes boscosas del poblado de San Francisco Xochicuautla se observan columnas de concreto mismas que formaran parte de la autopista. El día de ayer el poblado fue situado por personal de la policía estatal con la finalidad de resguardar la maquinaria pesada que derribó una vivienda de un habitante otomí que se encontraban en el trazo de la nueva carretera. Pobladores mencionaron al finalizar una reunión con personal de la CNDH que seguiran en resistencia ya que existen más casas que pretenden derribar. El grupo HIGA propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú es uno de los principales contratistas del gobierno federal. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM
/Saul Lopez
Eruviel Ávila, Rosario Robles (Sedatu) y Rafael Pacchiano (Semarnat) violaron los DDHH de otomíes
Foto: CuartoscuroRedacción ejecentral
Por violar el derecho a la consulta previa de las comunidades otomíes de Xochicuautla y la Concepción; San Lorenzo Huitzizilapan y Santa Cruz Ayotuxco, afectadas por la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Rosario Robles (Sedatu), Raffael Pacchiano (Semarnat) y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.
El organismo defensor de los derechos humano señaló que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM) del Estado de México, elaboró el anteproyecto de la ruta de manera unilateral, sin consultar previamente a las comunidades otomíes por las que cruza la construcción de la autopista.
El expediente que expidió la Comisión agrega que se corroboró que no existió verdadera consulta y que habitantes de Francisco Xochicuautla y su barrio la Concepción, no autorizaron al SAAASCAEM expropiar sus tierras, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015.
“En el expediente CNDH/4/2015/1300/Q también se corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes coincidieron en que su intervención tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras al SAASCAEM, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015”, explicó.
Asimismo, agregó que el periodo de consulta se programó en un lugar ajeno a la comunidad y tuvo una duración de una semana, tiempo que consideró insuficiente para resolver dudas y conocer los detalles que observaran los afectados.
Debido a las anteriores violaciones, la CNDH recomendó a la Sedatu y Semarnat publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso que contenga la obligación de los servidores públicos de integrar expedientes relacionados con proyectos que afecten a las comunidades indígenas, así como las observaciones de las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa.
También instó a la Sedatu, que dirige Robles Berlanga, a que se imparta un programa educativo sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas; y, en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para implementar dichas consultas.
Al gobierno del Edomex se le emitió la recomendación de mantener diálogo con las localidades indígenas para la solución del conflicto.
La Comisión manifestó que implemente un Fondo Comunitario para destinar los recursos a desarrollar proyectos dirigidos a la productividad agrícola y restaurar áreas deforestadas. En relación a la ruta de la autopista, lo invitó a valorar su modificación o la construcción de túneles, propuesta ya hecho por pobladores de Xochicuautla.
Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue instruida para que vigile los términos y condiciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo de la autopista Toluca-Naucalpan, así como la verificación de los convenios con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, para los tramos de Áreas Naturales Protegidas de los Parques Estatales Otomí-Mexica y el Santuario del Agua de la Subcuenta Tributaria del Río San Lorenzo; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para implementar consultas indígenas.
En tanto, a la Secretaría de Medio Ambiente local se le demandó la impartición de un programa integral de educación sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas dirigida a los servidores públicos y la creación de mesas de diálogo cuando existan manifestaciones sociales exponiendo necesidades colectivas. De igual forma, se le solicitó que publique en la Gaceta de Gobierno una circular con las obligaciones de los servidores públicos correspondientes al emitir autorizaciones en materia ambiental que afecten las comunidades indígenas. EB | EC
