Foto: CuartoscuroRedacción ejecentral
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Baja California por los referentes a la detención arbitraria ocurrida el 17 de marzo de 2015 por agentes de seguridad pública estatales, en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, la Comisión criticó que las omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, de los tres órganos de gobierno han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza de los jornaleros; acciones que dieron lugar a que se violaran sus derechos.
La CNDH recordó que el día del agravio, entre los jornaleros detenidos se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores, quienes habrían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagaban un salario digno, ni horas extra, ni les otorgan las prestaciones de ley.
Se evidenció la falta de coordinación interinstitucional para la implementación de acciones para atender la situación derivando en el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas ante la falta de una supervisión de la actuación de elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza.
Sobre la situación de las mujeres jornaleras agrícolas, la problemática advertida es acorde con los obstáculos y deficiencias observados por el grupo de trabajo que elaboró el Informe respecto de la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California; en tanto que las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellos jornaleros que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley.
Por todo lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al Gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega, presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente de trabajo; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales.
La CNDH hizo hincapié en la persistencia de flagelos que impiden la generación y aplicación de políticas públicas adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (unos 11.4 millones) viven en pobreza extrema.
De acuerdo con la Medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para 2014, esos 55 millones de personas percibieron un ingreso menor al valor de la línea de bienestar, y padecieron al menos una carencia en alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos. DA
