CNDH emite recomendación a los tres niveles de gobierno por minería en Coahuila

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite recomendación a los tres niveles de gobierno por las afectaciones al medio ambiente en Coahuila derivadas de la extracción irregular de carbón mineral. La expansión de la actividad extractiva del carbón en poblaciones del municipio de Sabinas, Coahuila, y en el interior de áreas naturales protegidas se realiza sin las autorizaciones de impacto ambiental o en contravención de los usos de suelo previstos. Dichas actividades repercuten seriamente en los componentes ambientales, además de la salud y condiciones de vida de las personas que residen o transitan por los alrededores de obras mineras. Representantes de una Organización No Gubernamental presentaron una queja ante la CNDH, que durante su investigación observó que se infringieron disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales entre otras. En los lugares donde se ubican las excavaciones, no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera. Por ello, la CNDH dirigió diversos puntos recomendatorios a las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), además del Gobernador del Estado de Coahuila, el Fiscal General del Estado de Coahuila y Presidente Municipal de Sabinas. En general, la Comisión recomendó llevar a cabo acciones como efectuar la reparación integral e inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas; iniciar los procedimientos de inspección para verificar las condiciones en que se llevan a cabo dichas operaciones extractivas; emitir circulares y llevar a cabo actividades de capacitación a servidores públicos cuya actuación, en el ámbito de sus atribuciones, se relacione con la minería, además de colaborar con la CNDH en los procedimientos que se instruyan ante los respectivos órganos internos de control.