CNDH emite recomendación al gobierno de Chihuahua por desplazados

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al ejecutivo de Chihuahua para atender a 120 personas desplazadas por la violencia, a quienes se les ha vulnerado sus derechos humanos entre 2016 y 2019.

Las primeras 100 víctimas son de la comunidad El Manzano, en el municipio de Uruachi, y el segundo grupo es de 20 personas de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares, quienes denunciaron que las autoridades estatales fallaron en brindarles protección y seguridad, lo que provocó el asesinato de cinco personas y lesiones graves en otra.

Sin embargo, la cifra negra de los desplazados por el crimen organizado puede hasta duplicarse, según los testimonios de los indígenas afectados.

¿Cómo empezó el desplazamiento forzado en Chihuahua?

Las amenazas contra los indígenas de estas comunidades empezaron en 2015, cuando el señor Cruz Sánchez interpuso una denuncia por el asesinato de uno de sus hijos a manos del crimen organizado que opera en la zona.

Los cárteles amenazaron a los indígenas para que sembraran amapolas, pero estos se negaron por lo que empezó el hostigamiento que terminó con un desplazamiento forzado hacia otros municipios de Chihuahua.

No sólo el narco afecta a los hombres, todo lo contrario, según la recomendación de la CNDH entre 2016 y 2019, se registraron despojos, daños y robos en posesiones y propiedades de las familias indígenas, presenciados por 45 mujeres y menores, que quedaron atrás.

La CNDH denunció la inacción de las autoridades municipales y estatales, que no solo fallaron en prevenir la violencia, también dejaron solos a los habitantes indígenas que viven en condiciones de hacinamiento y no les ofrecen una educación y formación completa a los menores afectados por el desplazamiento forzado.

La investigación de la CNDH consta en un expediente de 130 páginas en donde se documentan las agresiones sufridas por la familia de Cruz, que perdió dos hijos y encarcelaron al tercero.

La recomendación se hizo directamente a la gobernadora Maru Campos, al fiscal general del estado, Roberto Fierro y a Marcelo Rascón y Joel Bustillos, presidentes municipales de los municipios afectados.

El gobierno se comprometió en octubre de 2021 a librar la batalla en contra del crimen por las comunidades de:

• Cuiteco
• Apórabo
• Bajíos de Pitorreal
• Baságota
• Segórachí
• Basigóchí
• Poróchí
• Huicórachí
• Bacajípare
• San Isidro de los Gavilanes
• Baragómachí
• El Manzano
• Mesa del Sombrero
• San José del Pinal
• Guadalupe Coronado
• Cerocahui
• San Rafael
• Bahuichibo Agua Caliente
• Pie de la Cuesta
• Ignacio Zaragoza
• La Casita
• Wikochí
• Guadalupe
• San Alonso
• La Casita
• Agua Fría

BG

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