La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso de la riña en penal estatal de Las Cruces, en el puerto Acapulco, que dejó un saldo de 28 internos muertos y tres heridos el pasado 6 de julio, a fin de investigar violaciones a los derechos humanos y a la par emitió una recomendación por condiciones que pueden derivar en tortura. Explicó que tras ocurridos los hechos el pasado 6 de julio, personal de la Comisión se trasladó a las instalaciones de ese Cetro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, donde aún realizan las investigaciones correspondientes. https://twitter.com/CNDH/status/885215230653067266 A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el organismo emitió la Recomendación 2/2017, al gobierno de Guerrero, para prevenir condiciones que deriven en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad en los cinco centros de internamiento de la entidad. En un comunicado, la CNDH informó que en diversas visitas el MNPT documentó que persisten dichas situaciones en los penales en Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco. Y que fueron estas situaciones, las que en el caso del penal de Las Cruces derivaron en los hechos violentos que dejaron más de una veintena de muertos y varios internos heridos. Asimismo, precisó que entre las irregularidades detectadas por el Mecanismo, se encuentran condiciones de autogobierno, insuficiencia de personal y su falta de capacitación, sobrepoblación y hacinamiento, cobros indebidos, y áreas de privilegio. A su vez, destacó la falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias. Por ello, el MNPT llamó al gobierno de Héctor Astudillo, en Guerrero, a emprender programas de prevención y atención de la violencia, reglamentar de forma adecuada la imposición de sanciones disciplinarias, mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud y armonizar su normatividad, de acuerdo con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes. Las observaciones están plasmadas en los informes emitidos en agosto de 2016 y mayo de 2017, cuya finalidad es impulsar las acciones que optimicen el trato y las condiciones de internamiento de las personas recluidas en los penales estatales; así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal. (Foto: @retodiariomx). KT|EC
27 de Noviembre de 2024
