La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emite recomendación al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía del Estado porque se comprobó las arbitrariedades en el desalojo violento a 35 jubilados, donde también estuvieron involucrados dos reporteros ocurrida en 2015.
La Recomendación 32/2018 fue canalizada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dirigida al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como a Hilario Barcelata y Jorge Winckler, Director General del Instituto de Pensiones y Fiscal General de ese estado, respectivamente.
El desalojo de profesores jubilados ocurrió el 23 de diciembre de 2015. Agremiados de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) se manifestaron por el incumplimiento de pago del gobierno de Javier Duarte.
Los pensionados fueron desalojados con las fuerzas antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública dirigida en aquel momento por Arturo Bermúdez Zúrita, ahora preso por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada. De forma pública se responsabilizó de este problema al entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado y al director del Instuto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre.
Hasta el 20 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la queja interpuesta por los pensionados veracruzanos.
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“Este Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos adscritos al gobierno estatal”, señala en un comunicado, la comisión.
La CNDH recomendó al Yunes Linares que, en coordinación con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General, se repare integralmente el daño y se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 pensionistas y a los dos periodistas; y que la administración estatal colabore con el organismo en la queja que presentará ante la Contraloría General de Veracruz para que investigue y determine las responsabilidades administrativas de 12 servidores públicos.
Además, exige que se determine las responsabilidades penales de 12 funcionarios públicos y demás autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública; que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas en tiempo y forma. (Con información de Jair Avalos) RB
