La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a la igualdad sustantiva a consecuencia de la supresión y tráfico de 22 menores de edad, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora entre 2009 y 2015, durante la administración de Guillermo Padrés. De acuerdo con información publicada por Reforma, la Procuraduría General de Justicia de la entidad informó que dichos funcionarios vendieron infantes por montos de entre 80 y 150 mil pesos en agosto de 2015, momento en el que sólo reconocieron 10 casos. En la recomendación 9VG/2017 emitida por la CNDH al gobierno de Sonora, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Fiscal General de la entidad y al presidente Municipal de Hermosillo, encontró imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal respecto al destino final de 682 menores de edad. En el documento dirigido a la gobernadora Claudia Pavlovich, el organismo señaló que esa autoridad tampoco exhibió la documentación para comprobar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de menores de edad que fueron dados en adopción. Asimismo, detectó la expedición de los certificados de nacimiento de 17 menores de edad, los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas, atribuible indiciariamente a servidores públicos del IMSS. En un comunicado, la CNDH precisó que halló omisiones por parte del personal de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Municipio de Hermosillo, respecto de un menor de edad que fue agredido física y verbalmente por su progenitora. Ante dicha situación, la Comisión Nacional pidió a Claudia Pavlovich y a Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS, reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de 22 menores de edad, víctimas de suposición, supresión y tráfico de infantes. Además, los llamó a tomar las medidas necesarias para reparar los daños a todas las víctimas en los casos donde se determine algún trámite indebido en la adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes que el DIF Estatal no acreditó su destino final. De forma específica, el organismo solicitó a la mandataria sonorense que el DIF Estatal con la participación del Comité de Protección del Menor y la Familia integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de los 22 menores de edad que fueron separados de su familia de origen en un plazo no mayor a tres meses, y que en no más de seis meses elabore los planes individualizados de restitución de derechos de nueve menores de edad separados de sus familias. Por último, exigió realizar las acciones necesarias para determinar el destino final de 13 infantes, de 3 menores de edad sustraídos por sus padres biológicos y de los 682 menores de edad respecto de los cuales el DIF Estatal no remitió la documentación para acreditar su paradero. (Con información de Reforma. Foto: Archivo). KT
8 de Noviembre de 2024
