A cinco días de que se presentara ante la PGR una denuncia por espionaje a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que abrió un expediente sobre el caso por posibles violaciones a derechos humanos y pidió al Poder Legislativo revisar y actualizar el marco legal en materia de Inteligencia y espionaje, a fin de regularlo. En un comunicado, el máximo órgano defensor de los derechos humanos reiteró la necesidad de que todas las denuncias sobre presuntos casos de espionaje telefónico y cibernético atribuida al gobierno, sean objeto de una investigación exhaustiva, objetiva, integral, imparcial y transparente. Ello, para que se determine si los actos señalados efectivamente ocurrieron, precisar los responsables de estos, y el destino o uso que se dio a la información que, en su caso, se hubiera obtenido. En el documento sobre la causa que fue abierta, la CNDH señala que pedirá información a las dependencias señaladas como responsables para realizar una investigación puntual sobre posibles violaciones que se hubieran cometido, ello apegado a la protección y defensa de los derechos fundamentales. Sobre la necesidad inmediata de revisar el marco normativo llamó a los legisladores. "(Que) en el ámbito de sus competencias, revise y actualice la normativa existente en materia de actividades de espionaje e inteligencia en el país, para que se regule con claridad y transparencia la realización de las mismas, previniéndose que se lleven a cabo de manera ilegal, detalló. Y señaló que es necesario que dichas reformas legales definan desde insumos a adquirir hasta critrios y procedimientos para su uso.
Esta regulación deberá comprender desde aspectos tales como la adquisición de equipos e insumos para el desarrollo de estas acciones, los términos y condiciones para la licitud de las mismas, hasta los criterios y protocolos para el uso y destino de la información que se obtenga”, añadió.
Aseveró que el hecho de que periodistas y defensores de derechos humanos sean objeto de estas actividades ilícitas, afecta a la democracia y vulnera los derechos a la libertad de expresión e información, además de debilitar la confianza y credibilidad de la sociedad en las instituciones. Recordó que toda injerencia en la vida privada de las personas está prohibida por el Derecho Internacional, el cual impone a los Estados la obligación de brindar la protección más amplia y efectiva posible. La Comisión señaló que la información conseguida de manera ilegal, sin importar el método y los medios empleados, es una práctica ilícita, que atenta contra la dignidad de las personas al vulnerar sus derechos a la privacidad y a la intimidad. MR|EC
