Por promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos públicos, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los morenistas Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Ignacio Mier, diputado federal, y Ricardo Monreal, senador, a no realizar más actos anticipados de campaña.
En su solicitud también pidió respetar el inicio formal de los procesos electorales de 2023 y 2024, en los que se renovarán la gubernatura de Coahuila y estado de México, así como la Presidencia de la República.
El órgano electoral emitió la tutela preventiva y medida cautelar contra los servidores públicos y el dirigente de Morena, Mario Delgado, por lo que deberán abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas en el territorio nacional, como los convocados en Coahuila y estado de México el 12 y 26 de junio pasado.
Las medidas cautelares emitidas por los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE también alcanzaron al Senador Santana Armando Guadiana; los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo; de Hidalgo, Julio Menchaca y de Nayarit, Miguel Navarro; así como al procurador Fiscal Félix Medina; el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; y el diputado Hamlet García.
El alcalde de Coahuila, Jonathan Ávalos; el director del IMSS, Zoé Robledo; el coordinador General de Política y Gobierno de la República, Rabindranath Salazar; y Reyes Flores, delegado Estatal de Programas para el desarrollo del Estado también fueron nombrados por el organismo, junto a los integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como Diego del Bosque; Eloísa Vivanco; Tanech Sánchez; Rafael Barajas; y José Alejandro Peña.
El órgano electoral ordenó a los servidores públicos y militantes morenistas a atender la instrucción en un plazo máximo de seis horas a partir de su emisión, e instruyó a los morenistas a retirar las publicaciones realizadas en redes sociales al considerar que podría tratarse de una posible estrategia partidista posiblemente ilegal, en menoscabo de derechos fundamentales y de los principios democráticos a las que deberán sujetarse.
