Clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tensaría las relaciones entre México y Estados Unidos, y complicaría la cooperación bilateral contra el crimen, por lo que la administración de Joe Biden debe recurrir a las presiones comerciales para forzar al gobierno mexicano a mejorar la lucha contra el narcotráfico.
Esa es la conclusión a la que llega un reporte del centro de investigación estadounidense Brookings Institute que analiza las opciones que tiene Washington para combatir el tráfico de fentanilo, al que denomina “la más devastadora epidemia de drogas de la historia en América del Norte”.
Elaborado por Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados no Estatales, el reporte recomienda que “si la administración de López Obrador continúa negando una cooperación policial significativa, Estados Unidos podría recurrir a inspecciones fronterizas intensas, sin importar que se ralentice el comercio legal y cause daños sustanciales a los bienes mexicanos, incluidos los productos agrícolas”.
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Al hacer un balance sobre el reciente intercambio de descalificaciones entre funcionarios y legisladores de Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador —en relación a la producción de fentanilo en México y al dominio territorial de los cárteles de la droga—, el estudio puntualiza que “esta última crisis es la punta del iceberg de cómo México ha destripado la cooperación antinarcóticos y policial con Estados Unidos durante la administración de López Obrador”.
El texto de Felbab-Brown recuerda que desde que López Obrador asumió el cargo, en diciembre de 2018, “comenzó a debilitar sistemáticamente esa colaboración”.
Dato. Los cárteles mexicanos recurren a las mafias chinas para el lavado de dinero, reveló el análisis de Brookings Institute.
Sobre los efectos que tendría la reclasificación de los cárteles, el análisis advierte que además de deteriorar los vínculos familiares y comerciales entre México y Estados Unidos, las posibles acciones militares serían “goles de ciego”.
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“La mayoría de los grupos criminales mexicanos no se organizan en formaciones visibles de tipo militar. Muchos laboratorios de fentanilo ya funcionan en edificios en barrios de pueblos y ciudades donde los ataques no serían posibles debido a los riesgos para los civiles mexicanos, además de que los laboratorios de fentanilo se recrearían fácilmente”, puntualiza.
Adicionalmente, la legislación relativa a organizaciones terroristas extranjeras limita el comercio con empresas presuntamente ligadas a grupos criminales, sin importar que este vínculo sea a través del pago “derecho de piso” que cobran los delincuentes a empresas legales.
“Tales controles serían un desafío importante en México, donde muchas personas y empresas en economías legales, como la agricultura, la pesca, la tala, la minería y el comercio minorista, tienen que pagar tarifas de extorsión a los grupos criminales mexicanos”, advierte el texto.
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