Pese a sus profundas divergencias, la clase política libanesa parece al menos unida por un tema: poner trabas a la investigación judicial sobre la devastadora explosión en el puerto de Beirut, cuyas conclusiones podrían poner fin a su impunidad, según analistas.
Los dirigentes libaneses se opusieron a una investigación internacional sobre la explosión del 4 de agosto de 2020 que causo más de 210 muertos y destrozó barrios enteros de la capital.
El primer juez a cargo de la investigación local fue apartado en febrero tras haber inculpado a altos responsables, y el magistrado Tareq Bitar está bajo presiones y amenazas desde que lo remplazó.
Los políticos intentan por todos los medios obstaculizar el trabajo del juez Bitar, rechazando comparecer, multiplicando las quejas ante la justicia o pidiendo que sea sustituido.
“La clase dirigente está unida en su voluntad de ver el abandono de la investigación, y hará todo lo posible para que fracase”, estima Lina Khatib, directora del programa Oriente Medio y África del Norte en el centro de reflexión Chatham House.
“Punto de inflexión”
Para esta analista, con sede en Londres, “la esperanza de pedir cuentas a los responsables de la explosión se reduce debido a los medios empleados por la clase dirigente para detener la investigación”, incluso recurriendo “a la violencia”.
El poderoso movimiento chiita Hezbolá, punta de lanza de la campaña contra el juez Bitar, lo acusa de politizar la investigación y reclama que sea remplazado por un magistrado “honesto”.
El caso ha desatado la peor crisis a la que se enfrenta el gobierno de Najib Mikati, formado en septiembre tras 13 meses de bloqueo político y que tuvo que suspender sus reuniones la semana pasada a instancias de Hezbolá, por miedo a una implosión del Ejecutivo.
Para Nadim Houry, director del Arab Reform Initiative, toda la clase dirigente se siente amenazada por lo que él llama la “lucha esencial (...) para el Estado de derecho”.
“Un parte de la sociedad decidió ir hasta el final y reclamar la verdad”, pero se enfrenta a “una clase política que está dispuesta a recurrir a las amenazas, la violencia, e incluso a una nueva guerra civil para evitar que está búsqueda de la verdad llegue al final”, estima.
Las familias de las víctimas de la explosión ven en el juez Bitar la única esperanza de justicia en Líbano, donde la impunidad ha dominado la escena política durante años.
Tras la guerra civil (1975-1990), el país proclamó una ley de amnistía que beneficiaba a los señores de la guerra, muchos de los cuales acabaron siendo dirigentes políticos.
“Resisten a la idea de que uno de ellos pueda ser señalado como responsable”, dice Houry, hablando de estos políticos.
Si la investigación llega a buen puerto, sentará un “precedente” que pondrá fin al “régimen de impunidad”, según el cual cada partido en el poder cierra los ojos antes los abusos de los otros.
La semana pasada, Hezbolá hizo desfilar a sus seguidores y a los de su aliado, el movimiento Amal, en el centro de Beirut para reclamar la retirada del juez. Estas manifestaciones desataron tiroteos y escenas de guerra en plena capital, causando siete muertos, la mayoría miembros de las dos formaciones chiitas.
“El Hezbolá cada vez actúa más como la guardia pretoriana del régimen”, recalca Nadim Houry.
“Estamos ahora ante un punto de inflexión: por primera vez en la historia de Líbano, un juez actúa contra altos responsables”, explica Nizar Saghié, director de la oenegé Legal Agenda.
“La clase política está acostumbrada desde hace décadas a la impunidad y a controlar la justicia, por eso tiene miedo y lanza este virulento ataque contra el juez Bitar”, insiste.
