Por segundo día consecutivo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que no habrá impunidad por el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua donde murieron 39 personas y 28 más resultaron heridas, y advirtió que las investigaciones llegarán “hasta donde tope”.
Sin embargo, ni el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, ni el contralmirante en retiro Salvador González Guerrero, a cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua han comparecido públicamente, y se mantienen en sus respectivos cargos.
Sobre los hechos ocurridos la noche del lunes, la fiscal en Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías confirmó la detención de cinco personas: tres agentes del INM, y dos policías de seguridad privada de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA. Tambien hay una orden de aprehensión pendiente en contra del migrante venezolano señalado de haber provocado el incendio.
Aunque la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró en conferencia de prensa que todas las omisiones en las diferentes instancias de gobierno responsables de la tragedia, incluyendo la secretaría a su cargo, rendirán cuentas sobre los hechos que mantiene “graves” a 18 personas y 27 más hospitalizadas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López restó importancia a la posibilidad de que renuncia el titular del INM, pues aseguró que lo más importante es la atención a las víctimas.
“Yo no puedo decirles, entenderán, si debe o no renunciar (Francisco Garduño). Yo creo que primero, lo más importante ahora es que quienes están hospitalizados puedan recuperar su salud, que se brinden las facilidades para repatriar los cuerpos de quienes desafortunadamente fallecieron (…) Yo creo que todo debemos asumir la responsabilidad”, señaló el titular de Segob, quien ayer refirió que la política migratoria estaba a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por un decreto de 2019.
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Sobre la empresa privada que estaba a cargo de la seguridad, la secretaria Rosa Icela aseguró que Grupo de Seguridad Privada CAMSA cuenta con su registro ante la Dirección General de Seguridad Privada del 3 de septiembre del 2020 con vigencia a febrero de 2024, identificando a David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail como socios, aunque aseguró que la información de representantes y apoderados legales ya eran investigados por la FGR.
La funcionaria informó que según el contrato de dicha empresa con el INM se estableció un total de 503 elementos en estancias migratorias del instituto en 23 estados del país. Sin embargo, señaló que una primera irregularidad se detectó que sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes.
Por lo que advirtió un proceso administrativo sancionador en contra de la empresa, además de revocarle el permiso, multarla y rescindir el contrato con el INM, a fin de que a partir de mañana el Servicio de Protección Federal asuma la seguridad de la estancia migratoria.
Tras una revisión a la base de datos de CompraNet no fue posible localizar el contrato entre el INM y el Grupo de Seguridad Privada CAMSA, SA. de CV o con su nombre comercial Grupo TANK Seguridad Privada Profesional. No obstante, fue posible confirmar que dicha empresa celebró en 2019 al menos tres convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el servicio de vigilancia en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología por un monto total de 618 mil 544 pesos.
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Seguridad en centro migratorio de Juárez, de diplomático nicaragüense
