Los riesgos y la impunidad persisten en la región de la Tarahumara. A más de siete meses de los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas —sin que a la fecha se haya detenido al homicida identificado— la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para 11 integrantes más de la congregación a la que pertenece el papa Francisco, al advertir una situación urgente de riesgo.
“La CIDH reconoció las dificultades geográficas que se presentarían al momento de implementar medidas de seguridad más inmediatas; sin embargo, no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita”, señaló la Comisión, al reiterar que las amenazas y hostigamientos de los grupos del crimen organizado se mantiene vigentes en la región.
Pese a reconocer las medidas de seguridad que las autoridades adoptaron en esa comunidad de Chihuahua, tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, ocurridos el 20 de junio pasado, así como del guía de turistas, Pedro Palma, y un joven identificado como Paul Berrelleza, como la instalación de una subsede del Ministerio Público y la puesta en marcha de una base de operaciones, éstas no han sido suficientes ante las condiciones de violencia e inseguridad que persisten.
“Tras analizar la información presentada por ambas partes, la CIDH consideró que las personas beneficiarias (11 jesuitas) se encuentran ‘prima facie’ (a primera vista) en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal”, subrayó la CIDH.
La urgencia de redoblar esfuerzos entre las instituciones estatales y federales para proteger a las personas en riesgo se deriva de la Resolución 2/2023 emitida por la Comisión el pasado 22 de enero, la cual tuvo lugar a la solicitud de las medidas que presentaron organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, así como la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
Acordar y adoptar con los beneficiarios las medidas para que los jesuitas sigan realizando sus labores pastorales sin ser blanco de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier tipo de violencia, así como informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a las medidas cautelares otorgadas y prevenir su no repetición, son parte de las medidas que la Comisión solicitó al Estado mexicano.
SIGUE LEYENDO:
Cinco meses de impunidad, lamentan Jesuitas tras asesinato de sacerdotes
