La CIDH pidió el viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ampliar la protección de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y otros 14 opositores nicaragüenses, la mayoría presos, ante la “situación de riesgo extremo” que enfrentan a nueve días de las elecciones en Nicaragua.
Los opositores están en prisión preventiva o en arresto domicilio en un contexto “de escalamiento de la crisis en Nicaragua agudizada por el periodo electoral”, que busca “silenciarlos mediante represalias” y “enviar un mensaje de castigo” a la oposición al gobierno de Daniel Ortega, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un comunicado.
Pese a que la CIDH -ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington- les otorgó medidas cautelares, “no se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo”.
Ante la falta de garantías, la CIDH solicitó al órgano judicial de la OEA, situado en San José, “que ordene al Estado de Nicaragua ampliar las medidas provisionales” e implemente “medidas de protección en favor de las 15 personas identificadas y sus núcleos familiares”.
Entre los opositores cobijados por el pedido se encuentran, además de Chamorro, los también aspirantes presidenciales Miguel Mora y Arturo Cruz, ambos presos.
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Según la CIDH, estas personas “se encuentran en una situación de riesgo extremo”. Además, “están expuestas a ser objeto de inminentes actos de violencia, así como quienes integran sus núcleos de familiares”.
La justicia nicaragüense decidió en septiembre enjuiciar y poner prisión preventiva -conmutada a arresto domiciliario- a Chamorro, de 67 años. Se le investiga la fiscalía por presuntamente lavar bienes y activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
La ONG, que cerró en febrero, era un centro de capacitación de periodistas y defensa de la libertad de prensa. Durante 20 años estuvo bajo la dirección de Cristiana Chamorro.
Chamorro negó los cargos que le imputa la Fiscalía. Y atribuyó el caso a un interés del gobierno de inhibirla para competir en las elecciones del 7 de noviembre.
Encuestas de opinión le daban el mayor apoyo ciudadano después del presidente Ortega, quien postula para un cuarto mandato sucesivo.
Según la CIDH, este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas. Incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad.
El gobierno acusa a los opositores de conspirar en menoscabo de la soberanía nacional y de ser “criminales” que buscaban organizar un golpe de Estado.
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