A pesar de la creación de organismos como la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa o la unidad especial de la FGR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó su preocupación por el hecho de que el Estado mexicano “aún no haya logrado remover estructuras persistentes” al interior del gobierno que han buscado “encubrir los graves hechos” del llamado caso Iguala.
Al presentar su tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, urgió al gobierno de México a no cometer los mismos errores de la administración anterior, en la que acusó que se buscó “engañar” con la llamada “verdad histórica”, por lo que exhortó a garantizar que la investigación por la desaparición de los normalistas “tiene que ser independiente”, en la que advirtió “no puede haber injerencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo ni de nadie”.
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De igual forma, como lo señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la CIDH en su informe concluyó que la falta de independencia en la indagatoria causó la renuncia de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la FGR en el caso Ayotzinapa, lo cual implicó “un retroceso respecto del conocimiento adquirido sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso”, subrayó.
Sin hacer referencia a funcionarios o instituciones en particular el informe de la Comisión Interamericana acusa que la coordinación interinstitucional y los esfuerzos por esclarecer el caso han sido contrastantes, pues señalaron que desde “determinadas instituciones estatales” se ha mantenido “el ocultamiento de información y falta de cooperación con la investigación y judicialización del caso”.
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