La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión de las protestas contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que dejaron 50 muertos entre diciembre y febrero.
El organismo presentó un informe tras la visita de una representación al país sudamericano a comienzos de año, en el que señala a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en “múltiples” muertes de civiles y pide a la justicia peruana “investigar, juzgar y sancionar” a los responsables.
La respuesta de los efectivos de seguridad “no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”, señaló la CIDH. En ese sentido, detalló lo ocurrido en la ciudad de Ayacucho, donde murieron 10 manifestantes, ocho de ellos durante el intento de toma del aeropuerto local el 15 de diciembre.
PUEDES LEER: México y Perú, una crisis sin precedentes
“Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias, las muertes podrían calificarse como una masacre”, señaló la Comisión. Además, “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”.
Durante una conferencia de prensa la presidenta peruana Dina Boluarte rechazó “la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos”.
Resaltó sin embargo la importancia de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía, y exhortó a que “avancen con celeridad y objetividad y se determinen a los responsables”.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte, de 60 años, y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.
SIGUE LEYENDO:
