CIDH coteja medidas de seguridad para jesuitas de Cerocahui

A unos días de que se cumplan nueve meses del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, las autoridades mexicanas han iniciado las labores para el acato del pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el caso que causó indignación en la comunidad religiosa del país.

Fue el 31 de enero pasado cuando el organismo internacional pidió al gobierno de México proteger la integridad de los sacerdotes jesuitas, quienes, remarcó, se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”.

En este sentido, la CIDH señaló a los grupos del crimen organizado como los responsables del riesgo al que se enfrentan los religiosos y el resto de la sociedad.

Tal señalamiento tuvo como uno de sus argumentos la muerte de Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, quienes de acuerdo con las investigaciones fueron ultimados por José Noriel Portillo, El Chueco, señalado como líder de Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Hay que recordar que en el templo religioso también fue ultimado un guía de turistas, por lo que se trató de un triple asesinato. El caso, además de conmocionar a la comunidad jesuita y los chihuahuenses, causó eco a nivel internacional.

PUEDES LEER: Ante amenazas y agresiones, CIDH pide a México proteger a jesuitas

Ante la intervención de la CIDH, dicha organización emitió su pronunciamiento, en el cual solicitó medidas cautelares para reforzar la seguridad de los 11 sacerdotes jesuitas que radican en Cerocahui.

Por ello, hoy se inició en Chihuahua la mesa de trabajo entre representantes del organismo internacional y de los gobiernos federal y de Chihuahua, con la presencia de la gobernadora Maru Campos y el subsecretario Alejandro Encinas. Esto, a casi nueve meses de crimen, del cual el responsable sigue sin ser detenido.

SIGUE LEYENDO |

Jesuitas acusan falta de voluntad política para resolver asesinato de sacerdotes