El presidente López Obrador respondió a la acusación del Congreso de Estados Unidos sobre “contradecir” el espíritu del T-MEC con el argumento de que se debe dar prioridad a los negocios públicos, entre los que incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y no a las empresas privadas. Aunque reconoció que éstas pueden participar, “no pueden abusar”, haciendo mención al capítulo 8 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Este capítulo que abarca únicamente una hoja del T-MEC, menciona que México tiene el dominio y la propiedad de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental, de acuerdo a la Constitución Mexicana. Sin embargo, en la opinión de Gonzalo Monroy, director de la consultoría EMS y experto en energía, se ha presentado un choque de opiniones entre el Presidente y las empresas privadas, ya que mientras López Obrador considera tanto a Pemex como a la CFE como organismos no empresariales pertenecientes al gobierno, las empresas privadas y sus representantes ven una oportunidad de negocio y mucho potencial, tanto para la generación de energía como para el beneficio de los mexicanos.
De esta manera, aclara Monroy, para el Presidente, Pemex y la CFE son los brazos del Estado en la materia eléctrica y de hidrocarburos, por lo que no puede ni debe haber competencia de terceros, motivo por el que la inversión privada en el país se ha frenado considerablemente durante su gestión.
Sin embargo, en el contexto actual, esta visión representa un anacronismo con el sector energía, dijo el experto, ya que Pemex como empresa hace mucho tiempo dejó de ser rentable, representando pérdidas económicas y pocos resultados, además de no tener cabida en la evolución necesaria hacia otros tipos de energía.
La empresa estatal también ha sido un elemento de gobernabilidad a lo largo de la historia y usado para mantener un régimen político, algo que parece encajar más en los objetivos presidenciales actuales.
Gonzalo Monroy augura que, en un futuro cercano, el Presidente terminará permitiendo la participación de más empresas privadas en el sector energético, ya que el T-MEC especifica que no habrá trato discriminatorio entre los tres países y sus respectivas empresas en prácticamente todos los sectores, y aunque reconozca que México tiene el derecho inalienable de dictar su política energética, se deja en claro la cooperación entre los tres países. La visión personal de López Obrador va en contra de todo lo que está en el resto del tratado.
