En el gobierno de la austeridad republicana, del que el presidente Andrés Manuel López Obrador presume la limpieza de arriba hacia abajo en actos de corrupción, sus funcionarios siguen dando de qué hablar y demostrando que esto no ha terminado.
Y es uno de sus colaboradores más cercanos quien ha puesto a la llamada Cuarta Transformación en el ojo del huracán.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett, adquirió monederos electrónicos para la compra de ropa para el personal de la paraestatal por 700 millones de pesos durante lo que va de este sexenio.
Fue a través de 40 contratos, que fueron obtenidos por licitación pública, y que van desde los 600 mil hasta los 161 millones de pesos, que la empresa del Estado adquirió ropa para sus trabajadores, esto según revelaciones en redes sociales del periodista Jorge García Orozco.
Cada uno de los monederos que fueron adquiridos eran por nueve mil 176 pesos, para la adquisición de ropa en tiendas Liverpool para los trabajadores de las oficinas de la CFE; sin embargo, en el último contrato aumentaron a 12 mil pesos con IVA incluido.
En los contratos aparecen como receptores de los monederos diferentes trabajadores, como Víctor Manuel Quiroga Mireles, Mario Alberto Sarabia Coria Bustos, Alejandro Julián Montes Mena, Víctor Javier Sánchez Sandoval, todos responsables CFE SSB ARH Divisional, con diferentes direcciones.
El contrato con Distribuidora Liverpool, S.A. de C. AV fue celebrado por CFE Transmisión, una empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por el Licenciado Aldo Napoleón Ramírez Martínez, representante legal de la paraestatal.
Las adquisiciones de ropa se dan en medio de los recientes reportes de pérdidas económicas de la CFE, apenas en el tercer trimestre del año la empresa reportó 75% más pérdidas que en 2021, sumando 50 mil 718 millones de pesos en pérdidas netas.
Además, en el ejercicio 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades por mil 920.8 millones de pesos en las Cuentas por Cobrar, cantidad superior al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es de 1.88 millones de pesos.
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