Antes de dejar la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR), el 17 de octubre del año pasado, Raúl Cervantes aseguró que habían concluido las investigaciones sobre lo que llamó “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que se hayan visto en América Latina y México”, el caso Odebrecht. Pero en realidad a la indagatoria sólo había sumado una declaración.
Los reportes oficiales ponen en evidencia que las pesquisas iniciadas por los presuntos sobornos millonarios que dio la constructora brasileña a altos funcionarios mexicanos avanzaron muy lento. En mayo, la PGR informó que hasta ese momento habían comparecido 22 personas como parte de las pesquisas contra la empresa. Tres meses más tarde, sumaban sólo 23.
En el comunicado 841/17 la PGR informó que hasta el 16 de mayo de 2017 había interrogado a 10 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y nueve de sus exfuncionarios, quienes participaron en la adjudicación de cuatro contratos de obra pública –sin especificar cuáles–, a las empresas Odebrecht y Braskem, así como a tres directivos de las dos empresas de origen brasileño. A 43 días de la salida de Cervantes, la PGR sólo había llamado a declarar a un exfuncionario más de Pemex; es decir, las pesquisas no avanzaron como anunció, según el informe obtenido por ejecentral vía transparencia.
Al día 28 de agosto de 2017 han sido llamadas a declarar 23 personas. De esas 23, 10 son servidores públicos de Petróleos Mexicanos. De las multicitadas 23 personas, 10 son exfuncionarios de la empresa productiva del Estado.
“De las 23 personas ya citadas, han declarado tres directivos de Odebrecht”, respondió la PGR a este semanario, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó responder, ya que la dependencia pretendió reservar la información por cinco años.
Para entonces, Cervantes ya había viajado a Brasil, Estados Unidos y Colombia, en donde, aseguró públicamente, que había solicitado la asistencia internacional para las investigaciones, las cuales incluyen los testimonios de socios y abogados de la empresa sudamericana. Y es que con la Operación Lava Jato, que encabeza el juez Sergio Moro y en la que está involucrada Odebrecht, 176 personas han llegado a la cárcel, 101 tienen prisión preventiva y 111 están en condición de detención temporal, incluyendo entre los acusados al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los expedientes brasileños incluyen testimonios en los que se reconocen los sobornos a personajes mexicanos, uno de ellos el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente recibió 10 millones de dólares de la empresa cuando se desempeñaba como coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dinero que pudo haber llegado a la campaña del mandatario priista y por la cual se abrió otra investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), en ese entonces encabezada por Santiago Nieto, quien aseguró que recibió presiones de Lozoya para que lo exonerara de la carpeta de investigación, pero después matizó sus declaraciones, lo que a la postre trajo la destitución de Nieto, en octubre de 2017, por violar el Código de Conducta de la PGR al revelar al diario Reforma la supuesta petición.
El exdirectivo de Pemex y sus abogados han negado los sobornos y presiones al ahora exfiscal. Los litigantes sostuvieron públicamente que no existe en la carpeta de investigación alguna imputación contra Lozoya, y como no ha tenido acceso a todo el expediente tramitó un amparo para que pueda conocer de las imputaciones en su contra, antes de que sea consignado ante un juez.
En México, después de 15 meses de investigaciones, no existe una sola acusación penal contra servidores públicos o empresarios. La carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX-0000117/2017 que inició la PGR contiene cuatro mil 752 fojas.
Sólo la Secretaría de la Función Pública (SFP), en diciembre de 2017, inhabilitó por seis años a la Constructora Norberto Odebrecht, S.A., filial del gigante de la construcción, lo que le impide obtener contratos de obra pública en ese lapso.
La sanción surgió luego de que el órgano interno de control de Pemex, que depende de la SFP, detectó el cobro indebido de 119 millones de pesos por costos indirectos derivados de uno de los contratos suscritos para realizar obras en la Refinería Miguel Hidalgo, Tula 1; además de que cobró indebidamente 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios.
Mientras que inhabilitó por 10 años y multó con dos millones 597 mil 249 pesos a un funcionario público de Pemex Transformación Industrial por autorizar el pago de los más de dos millones de pesos.
En conjunto, la SFP inició ocho procedimientos administrativos, producto de la investigación que emprendió desde el 22 de diciembre de 2016, contra cuatro filiales de Odebrecht; dos contra sus representantes legales y otras dos contra servidores públicos de la empresa productiva del Estado.
Allá sí los acusan
Salvo México, en cuatro países de América Latina sí han acusado penalmente a altos funcionarios de gobierno y de Odebrecht: Perú. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia el miércoles 21 de marzo, luego de que se diran a conocer videos que comprueban que intentó comprar a diputados para no ser destituido. Kuczynski es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. Se trata del primer presidente que abandona el cargo a causa de la red de corrupción brasileña. Ollanta Humala, expresidente de Perú, recluido de forma preventiva. Alejandro Toledo, exmandatario de Perú, tiene órdenes de detención; se encuentra en EU. Ecuador. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue condenado a seis años de prisión. Colombia. Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, ha sido acusado de recibir mil 200 millones de pesos colombianos durante su campaña a la presidencia en 2014. Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil de 2003 al 31 de diciembre de 2010, fue condenado a 12 años de prisión.
