Con la vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades que ayer una jueza impuso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial Mayor de la desaparecida PGR, acusada de haber firmado la compra injustificada y a sobreprecio de un avión para uso personal del entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, la Fiscalía General de la República (FGR) abre una brecha para develar los excesos y quebrantos que el hidalguense heredó a la dependencia.
Tras una audiencia de 10 horas, la jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Beatriz Moguel Ancheyta, consideró que había elementos suficientes para considerar que tanto Gómez Molano, como Víctor Rodrigo Curioca Ramírez, exsubdirector de Recursos Materiales de Banobras y actual subsecretario de Administración en el gobierno del Estado de México, tuvieron responsabilidad al haber adquirido un avión Bombardier Challenger (CL 600) mediante un arrendamiento financiero con Banobras, del cual sostuvo, no se tomó en cuenta el impacto de costo-beneficio de su adquisición de la aeronave, y en consecuencia comprometió las finanzas de la PGR por al menos cinco años.
De acuerdo con la acusación de la FGR, el entonces procurador Murillo Karam ordenó la compra de la aeronave a un sobrecosto de 19.6 millones de dólares a la empresa Aviation Enterprise, cuando el valor real de la misma ascendía a los 16.4 millones, e incluso los fiscales sostuvieron en la audiencia que el avión había sido valuado por un perito de la dependencia en un precio de 14 millones de dólares, lo cual equivaldría un sobrecosto de alrededor de 6 millones de dólares.
“Sería ilógico pensar que una persona que tiene el cargo de Oficial Mayor pueda firmar a ciegas los contratos y que pueda obligar a un subdirector (de Banobras) a firmar un contrato sin revisarlo”, aseveró la juez Moguel Ancheyta, de acuerdo con el periódico Reforma, cuando los abogados de los imputados buscaron justificar a sus defendidos al señalar que ambos ex funcionarios se limitaron a firmar los contratos, no obstante que la adquisición fue avalada por otras dependencias, incluyendo a la propia Secretaría de Hacienda.
La también hidalguense, Judith Aracely Gómez, ha sido una colaboradora cercana al también exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (27 de febrero de 2015-27 de agosto de 2015). Con tres licenciaturas terminadas, Judith Aracely inició su trabajo en el servicio público en 2005, según su declaración en Declaranet, como asesora en el Departamento de Enlace Operativo en la Subcordinación de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, y a los nueve meses después incorporarse secretaria particular del entonces senador federal Murillo Karam.
A partir de entonces, Gómez Molano se mantuvo como operadora cercada del exfuncionario tanto en el Congreso, la PGR y la propia Sedatu desempeñándose como coordinadora administrativa, Oficial Mayor en la Procuraduría donde también fungió como secretaria particular, y como Oficial Mayor también de la Sedatu.
Desde finales del año pasado, había trascendido la instrucción del fiscal general Alejandro Gertz Manero por llamar a declarar a la entonces oficial mayor de la PGR y actual notaria pública Gómez Molano, a fin de conocer los detalles de aquella turbia adquisición de la aeronave. El 14 de enero pasado, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la primera convocatoria de procesos de enajenación para subastar los aviones de lujo que fueron adquiridos y utilizados por la “monarquía criolla” de las administraciones anteriores.
“Estos aviones de lujo que nada tienen que ver con la realidad que existe en nuestro país. Es un reflejo de cómo había dos mundos, el mundo del pueblo y el mundo de los gobernantes, mientras la gente no tenía ni para satisfacer sus necesidades básicas y los funcionarios con dinero del pueblo”, acusó el presidente al asegurar que las compras que habrían hecho dependencias como la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, y Conagua, entre otras, se usaron para interés privados de funcionarios que los utilizaban para “ir a jugar golf”.
