Miguel Ángel Mancera tiene cinco años en el gobierno y es el gobernante más impopular de todos aquellos que han sido electos desde 1997.
En la víspera de su quinto informe se prepara para un impacto propagandístico donde lo principal será cuánto se distancia del poder formal para competir por una precandidatura presidencial.
Cuahtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón jamás tuvieron indicadores tan bajos de aceptación, para mencionar solamente a los gobernantes electos y no a los sustitutos o interinos. Dos de ellos buscaron la presidencia. Ebrard declinó por AMLO -previa encuesta privada- en 2012.
Además, especialmente, los dos inmediatamente previos a Mancera, desarrollaron enormes programas y obra pública cuya ausencia es inimaginable para la ciudadanía en contraste con la pobreza de obra de esta administración.
No existe evidencia claramente contundente y pública, por ahora, de que Mancera se haya enriquecido ilícitamente; sus restaurantes y las sociedades hasta ahora conocidas y constituidas con otros para su multiplicación ya eran parte de una riqueza previa a su ingreso al gobierno capitalino.
Tampoco existe prueba de una corrupción diferente o mayor a la del promedio atribuido a los políticos mexicanos, especialmente los gobernadores, a no ser por las reservas que tienen sobre él y su equipo los empresarios de la construcción que insisten en reclamar el aumento del porcentaje de moche, desconocido hasta ahora, y que, dicen, llega hasta 30% cuando era de 10%, dicen, en alguna época previa, incluida la posterior al 97. Lo hacen en reuniones más o menos privadas y sin disposición clara y específica para la denuncia pública, en parte porque al final parecen cobrarle a sus clientes el costo de la corrupción que dicen generalizada y de la que se deciden víctimas.
En seguridad, ciertamente, hay un deterioro importante si se considera el avance registrado y en percepción de la alcanzada hasta fines de 2012. Particularmente preocupantes son los asaltos a mano armada, robos en casa habitación y aquellos que ocurren a causa del tráfico y en combinación con las nuevas estrategias de bandas delincuenciales de la capital del país y de las entidades aledañas. Sin considerar los alarmantes asaltos ocurridos en vías como el nuevo deprimido de Mixcoac y una multitud de vías de las cuales no tenemos el video en YouTube.
Sus programas propagandizados y la “marca global” que es CDMX no son tan relevantes para la mayoría de la población -¿quién habla en nombre de ella sino las propias encuestas?- como la percepción de que la movilidad es un caos; las fotomultas son excesivas y frecuentemente injustas al contabilizarse por uno o dos kilómetros por encima de los límites; el procesamiento de las licitaciones y la lentitud y escasez de la obra pública; la deuda en materia de justicia penal; la demagogia acerca de salarios mínimos que con aumento minúsculo es igualmente insuficiente y en el fondo una plataforma de humo para tranquilizar a los empresarios y engañar a nadie; la falta de coordinación inteligente con el Estado de México y con Morelos para efectos fiscales y de sustentabilidad y medio ambiente; el aumento predial y el desorden del uso de suelo; entre otros temas, son objeto de molestia e incluso de furia con Mancera.
Para otros segmentos, más partidizados, es relevante su ausencia de compromiso claro y formal con lo que queda del PRD y la frivolidad con que demuestra la organización de su tiempo y su afanosa preferencia por la voluptuosidad femenina y la ocupación ardiente de su tiempo libre (se las arregla, aunque usted ya lo sabía).
No es por ello extraño que la parodia sobre su campaña tenga tal éxito, muy por encima de la campaña donde implica compartir el desprecio por la política para privilegiar su presunta preferencia por los hechos.
La ciudadanía se prepara para una transición muy importante en 2018.
Sin embargo, aun no está claro cuál es el peso que aún ejerce Mancera para sostener una parte del poder que se le ha escapado de entre los dedos después de tener una copiosa votación gracias al acuerdo político de 2012.
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