Ante la inhabilitación de los sistemas de rendición de cuentas y la simulación en que se han convertido, parcial o totalmente, las políticas de contraloría, auditorías y de transparencia, la decisión de iniciar un principio de orden con el nombramiento de coordinadores estatales debe ser sujeta a precisiones. Estas deben ocurrir al mismo tiempo que se ajustan las propuestas en materia hacendaria, laboral, seguridad y políticas sociales. Sin embargo, es inevitable asumir que ante los vestigios de corrupción y abierto latrocinio de la mayoría de los gobernadores, de todos los partidos, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador hace indispensable considerar a los coordinadores estatales como un principio de orden groseramente faltante en la supervisión de la política pública de entidades que no son capaces de generar ni sus propios recursos ni sus propios controles. Debe recordarse que las entidades emplean en su gasto recursos que son en un 80 por ciento de origen federal. Debajo de la coartada de la autonomía del poder local, se ha multiplicado en todo el país durante décadas el robo descarado al presupuesto vía empresas de las familias de poder, amigos de los hijos de los gobernadores y asignación de la obra pública a personajes con quienes los mandatarios estatales convienen en la mayor opacidad. Los gobernadores prácticamente nunca han sido garantes del federalismo ni financiero ni político. Tampoco de comportamiento ético. De hecho ni siquiera ha existido un consenso activo sobre el significado del vocablo “federalismo” entre aquellos mandatarios que manifiestan ahora preocupación por él. Y ciertamente habría que llegar a una nueva convención de federalismo con transparencia y con aplicación de la ley. Ante el nuevo esquema de poder que ha comenzado a delinearse los gobernadores ya no podrían escapar tan fácilmente al proceso de rendición de cunetas obligados por el simple hecho de una nueva intermediación constituida por los coordinadores estatales. Incluso en la más reciente reunión de la Conago, ese organismo de relaciones públicas de todos los derrotados en la elección del 1 de julio, los gobernadores demandaron más centralismo y no más independencia relacional con el centro de poder representado ahora por el presidencialismo fuerte que ha comenzado a edificar Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora, antes y después de la victoria panista del 2000 contra el PRI, los gobernadores básicamente hacen lo que su relación con el poder central y su inteligencia manipuladora y administrativa les permita realizar con toda impunidad. Desde hace décadas a los gobernadores se les refiere como “goberladrones” y no hay muchas excepciones al adjetivo bruscamente generalizante. Ni “el nuevo PRI”, ni mandatarios salidos del PAN y del PRD escaparon a prácticas de corrupción y opacidad. La Conago fue un instrumento para encubrir el desmantelamiento de las responsabilidades políticas de los gobiernos federales para con el resto del país en la relación con el presupuesto y con la ley. Ese organismo nunca fue foro para destacar el incumplimiento de políticas públicas o las corruptelas e incompetencias de sus integrantes. Había un acuerdo político personalista para proteger los virreinatos de vandalismo de sus integrantes. Llegó el tiempo de la supervisión que podría ejercerse sobre personajes como Alfredo del Mazo o Enrique Álfaro, cuya procedencia y modo de actuar podría tener gran semejanza con el modelo de opacidad que Morena busca desaparecer del país. Apostemos por el uso transparente del erario y el cumplimiento del Estado de Derecho en todo el país. Digamos adiós al atrevimiento de lo ya impensable: “sí soy el gobernador y aquí se hace lo que me da mi... gana” según rezaba la expresión conocida en los círculos cercanos de los gobernadores de los estados. Problematicemos sobre las propuestas y ubiquemos nuestra crítica alrededor de lo que tenemos aún hoy: la ausencia de supervisión, de rendición de cuentas y de honradez y eficiencia de la administración pública. @guerrerochipres
24 de Noviembre de 2024
