En su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió una baja en todos los delitos a excepción de los homicidios dolosos y las extorsiones. La organización Causa en Común refutó esas afirmaciones.
Causa en Común enfatizó que existe un incremento en el número de carpetas de investigación durante los primeros 20 meses del presente gobierno, comparadas con los primeros 20 meses de las tres administraciones anteriores: 37% con relación al periodo del presidente Vicente Fox; 23% con respecto al periodo del presidente Felipe Calderón; y 16% con respecto al periodo del presidente Enrique Peña Nieto.
Entre los delitos a la baja el presidente incluyó el feminicidio. Sin embargo, de enero a julio de 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 566; es decir, 29 más, lo que representa un aumento del 5% respecto el mismo periodo del año pasado. De hecho, en lo que va de este 2020 se presentó el mayor número de reportes de asesinatos de mujeres y de menores de edad desde que el Secretariado registra las víctimas de este delito, en 2015.
La organización mencionó que es falso, como lo aseveró el presidente, que en el país ya no existan torturas, desapariciones, ni masacres. De hecho, en un conteo de eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, realizado de enero a julio de 2020, Causa en Común ha registrado 429 masacres y 404 casos de tortura, así como un total de, al menos, 2 mil 582 hechos “atroces”, con 3 mil 383 víctimas.
Causa en Común consideró que no existe una estrategia por parte del gobierno federal para enfrentarla eficazmente y recalcó el abandono de las policías estatales y municipales en la estrategia de Seguridad.
Entre 2019 y 2020, el presupuesto para seguridad pública aumentó únicamente 1.2% (2 mil 824 millones de pesos), representando 0.9% del PIB.
El monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados (FASP), tuvo un aumento minúsculo de 0.4% entre 2019 y 2020; mientras que el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (FORTASEG), se redujo en un 3% con respecto a 2019 para los cerca de 300 municipios seleccionados.
El abandono institucional incluye a las fiscalías y al sistema penitenciario. En ninguna de estas esferas esenciales para cualquier política de seguridad, existe proyecto alguno de reforma, ni inversión pública que pudiera respaldarlo, afirmó la organización. NR
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