Hace apenas una década, el escándalo de Ficrea sacudió a miles de ahorradores mexicanos que, confiados en la promesa de altos rendimientos, vieron esfumarse sus ahorros de toda una vida. En un triste eco de ese pasado, el caso de Inverforx ha revivido el dolor de una estafa masiva, esta vez para afectar a más de 2 mil personas tanto en México como en el extranjero. Inverforx, bajo la fachada de una empresa financiera legítima, atrajo a miles con la promesa de ganancias que iban del 20% al 80%, una oferta que ahora se revela como la carnada perfecta para un fraude de proporciones alarmantes. Inverforx, fundada legalmente en 2019 bajo el nombre de Strategic Capital Agency, operaba en 11 ciudades de México y tenía presencia en países como Estados Unidos, España, Bolivia y Argentina. Luis Alberto Pérez Zamorano, propietario del 80% de las acciones, y su madre, Lilia Zamorano Romero, con el 20% restante, ofrecían a los inversores la oportunidad de duplicar su dinero en pocos meses. Sin embargo, como en el caso de Ficrea, la realidad era muy diferente.
El modus operandi era simple pero efectivo: los primeros rendimientos fueron altos, lo que generó confianza entre los inversores. Pero una vez que estos confiaron sumas mayores, el dinero dejó de fluir. Entre las víctimas de Inverforx se encuentran personas que, confiadas por los primeros rendimientos prometidos, invirtieron cantidades significativas de dinero que iban desde los ahorros de toda una vida hasta préstamos bancarios destinados a mejorar su situación financiera. Muchos de estos inversores se enteraron de la estafa cuando sus asesores financieros, quienes actuaban como el único puente entre ellos y la empresa, dejaron de responder o renunciaron abruptamente. Para algunas de estas personas, el impacto fue devastador: perdieron sus hogares, tuvieron que volver a vivir con familiares y enfrentan deudas que parecen insuperables.
El fraude de Inverforx no solo dejó a sus víctimas en la ruina financiera, sino que también afectó su bienestar emocional. Las víctimas han reportado estrés postraumático, depresión y la necesidad de tratamiento psicológico. A pesar de las promesas de Luis Alberto Pérez Zamorano de que la empresa no desaparecería, las oficinas de Inverforx en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades cerraron sus puertas, y los afectados se han visto obligados a acudir a las redes sociales y a las autoridades para buscar justicia.
El abogado Édgar Gutiérrez, que representa a 200 de los afectados, ha dicho a diversos medios que estima que el fraude podría ascender a cientos de millones de pesos. Gutiérrez advierte que las denuncias contra Pérez Zamorano podrían incluir cargos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han dado una cifra oficial del monto defraudado ni han presentado cargos formales contra los responsables. Sin duda, el caso de Inverforx es un recordatorio amargo de que la ambición desmedida y la confianza ciega pueden ser una combinación letal.
Preocupación en Chiapas
A principios de año, el Grupo Anfitriones Turísticos de Chiapas anunció que múltiples agencias turísticas de países como Francia e Inglaterra decidieron dejar de realizar recorridos organizados en la zona de la Selva Lacandona debido a que la presencia del crimen organizado. Este sector no ha sido el único en hacer saber su malestar por la situación en Chiapas, pues los obispos de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez manifestaron a través de un escrito su preocupación por la realidad que se vive en el territorio, al igual que “la presencia de la corrupción en todos los niveles de gobierno, que tanto daño genera en el bienestar de las comunidades y familias”.
De acuerdo con el Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción 2022, una investigación elaborada por el Sistema Anticorrupción del estado que tomó en cuenta la opinión de 2 mil 937 personas en once municipios, 77.8% de los encuestados consideraron que el nivel de corrupción en la entidad es entre “alto y muy alto”. Las denuncias de corrupción también provienen de transnacionales como Marriott Internacional y empresas con presencia nacional como Grupo Diestra, mismas que acusaron hace poco graves actos de corrupción de parte de funcionarios del Poder Judicial estatal que actúan en contubernio con abogados litigantes.
La queja de las mencionadas compañías nace de un conflicto menor sobre linderos, pues supuestamente el proyecto del hotel Marriott Tuxtla invadió 35 M2 pertenecientes a su vecino. Con ese pretexto, una juez estatal de nombre Ángeles Guadalupe Mendoza emitió en diciembre del año pasado una sentencia que convirtió una multa original de 711 mil pesos en una de 648 millones. La citada sentencia ya fue ratificada por los magistrados del Tribunal de Justicia local, quienes decidieron convertir nuevamente el adeudo de 648 millones a uno de 3 mil millones de pesos; esto, presuntamente con la venia del actual magistrado presidente, Guillermo Ramos Pérez, cercano al exmagistrado José Tomás Garrido Muñoz, asociado a su vez con el vecino que demandó al Marriott Tuxtla, de nombre Francisco Echeverría Blanco. Se sabe que los afectados pidieron ya que la administración entrante, de Eduardo Ramírez Aguilar, ponga lupa sobre el asunto; asimismo, se habría hecho del conocimiento del Gobierno federal que está por iniciar, encabezado por Claudia Sheinbaum, como un ejemplo de la corrupción que prevalece en los poderes judiciales locales.
Voz en Off
El Gobierno de México ha aceptado la solicitud de Estados Unidos para investigar las condiciones laborales en la planta de Pirelli en Silao, Guanajuato, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. Esta revisión responde a denuncias de presunta negación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, presentadas por varios sindicatos y organizaciones laborales, que acusan a Pirelli de aplicar un convenio colectivo con beneficios inferiores a los establecidos en el contrato ley de la industria del caucho….
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