Trabajadores de distintos sectores del Poder Judicial en México iniciaron este lunes un paro indefinido de labores para tratar de impedir el avance de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que propone, entre otros puntos, la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Empleados de los tribunales clausuraron simbólicamente sedes del Poder Judicial en al menos 16 estados del país para protestar en contra de la iniciativa enviada por el mandatario mexicano al Congreso en febrero pasado. Advierten que la reforma vulneraría sus derechos y condiciones laborales y la carrera judicial se vería afectada.
Magistrados y jueces federales aprobaron la noche de este lunes sumarse en el primer minuto del miércoles al paro nacional, tras obtener 1,202 votos a favor y 201 votos en contra de la suspensión de actividades, según un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó, en un comunicado, que se suspendía la sesión de ministros programada para este martes, ya que estos sostendrían un encuentro de carácter privado, pero no ofreció más detalles.
Desde su habitual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado lunes que los trabajadores del Poder Judicial están “en todo su derecho de manifestarse”, aunque paralelamente criticó a aquellos que se han unido al paro nacional.
“Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores, al contrario, se les beneficia. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México, nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios”, señaló el mandatario.
Este paro nacional llega luego de que el fin de semana pasado el bloque oficialista alistara el proyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial que será enviado a la próxima Legislatura, el 1 de septiembre, y que presenta un centenar de modificaciones de la reforma original enviada por López Obrador, según el líder del oficialismo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.
Uno de esos cambios que destaca es el referente a los tiempos en los que los jueces y los ministros serán elegidos por voto popular, uno de los puntos más polémicos de dicha reforma, ya que propone modificar el artículo 95 de la Constitución para elegir a los jueces por voto directo y secreto por un periodo de 12 años, y no 15, la duración actual de sus mandatos.
Otro de los puntos planteados en esta nueva iniciativa es el de eliminar el sistema a través del cual jueces y empleados del Poder Judicial pueden ascender de puesto de acuerdo con su experiencia profesional.
En México, la Ley de Carrera Judicial establece un sistema meritocrático con concursos y cursos obligatorios para acceder y ascender en los diferentes niveles de la carrera judicial. Los concursos de oposición se realizan en tres fases: cuestionarios, admisión al curso de formación para jueces y una evaluación final por un jurado a través de diversos métodos establecidos por la Escuela Federal de Formación Judicial.